SANTO DOMINGO.- El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional, conoció las conclusiones del juicio de fondo de la querella interpuesta por 118 personas debido a estafa de más de 400 millones de pesos contra Ramón Ernesto Prieto Vicioso y Miguel Horacio Mercado Ornes, presidente y vicepresidente de las financieras Corporación de Crédito (COCRETUR) y Préstamos Personales de Nómina (PRIMESA).
Francisco Bernardo Regino, uno de los querellantes y Luis Miguel Rivas, uno de los apoderados del proceso, dijeron que Prieto Vicioso y Mercado Ornes están siendo juzgados junto a otros asociados por violar algunos artículos del Código Procesal Penal, la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y la Lavado de Activos 72-02.
Los demandantes expresaron su queja por la lentitud del proceso desde su fase de instrucción, por los continuos aplazamientos, los cuales dieron oportunidad a los imputados para el ocultamiento de sus activos, por falta de medidas cautelares.
Entre los artículos que alegan que fueron violados: el 408, sobre abuso de confianza; el 405 sobre estafa y el 265 sobre asociación de malhechores. En cuanto a la Ley Monetaria el artículo 80. Mientras en los artículos 3 y 4 en la de Lavado de Activos.
Regino y Rivas, manifestaron que la citada estafa es similar a la del Banco Peravia y otros bancos. Además de que los querellantes esperan que la Justicia condene los crímenes de los imputados y contribuya a recuperar los depósitos realizados en las financieras COCRETUR – PRIMESA desde el 2005, así como resarcir los daños y perjuicios infligidos a los depositantes.
Explicaron que Prieto Vicioso y Mercado Ornes estuvieron accidentando el proceso que se hizo público el 17 de noviembre del 2011, hasta llegar a solicitar la extinción del mismo en noviembre pasado, lo que rechazó el Tribunal Colegiado, fijando el conocimiento del juicio a partir del día 3 de febrero del 2016.
También señalaron que al finalizar el mes de junio del 2012, las querellas en manos de la Fiscalía sobrepasaban los 400 millones de pesos sólo por los depósitos. Al sumarse los intereses no pagados desde febrero del 2011 hasta junio del 2016, la cifra se estima alrededor de los 900 millones.
Adujeron que los querellantes por la vía penal suman 118, conforme al auto de apertura a juicio del 9 de mayo del 2014. Otro grupo de depositantes inició procesos por la vía civil, lo que incrementa el monto demandado por los afectados.
Recordaron que nunca se recibió respuesta de la primera querella presentada ante la Superintendencia de Bancos con fecha 5 de agosto del 2011, que puso de manifiesto el incumplimiento y las irregularidades de COCRETUR – PRIMESA y sus ejecutivos, en el pago de los intereses, devolución de los depósitos y el cese de los pagos desde marzo del 2011.
