SANTO DOMINGO.- Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) califica como exagerada la acusación que se ha abierto el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha presentado contra seis jueces penales, a quienes se les imputa haberse asociado para manipular procesos judiciales y negociar la libertad o variación de medidas contra personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
FINJUS afirmó que el carácter y gravedad de la acusación remitida al presidente de la Suprema Corte de Justicia es alarmante, tomando en consideración que entre los jueces señalados se encuentra un miembro del Consejo del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de ese Poder del Estado, así como jueces de diferentes instancias de la jurisdicción penal en los departamentos de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
«La acusación constituye, de hecho, la formalización de las graves denuncias que diferentes sectores y personas habían manifestado en los últimos meses que señalaban directamente a jueces penales como responsables de sentencias, actos y decisiones diversas con indicios claros de violación del derecho y en ruptura abierta con los sistemas de integridad en el Poder Judicial», indica una nota de prensa.
Según FINJUS la acusación revela, de ser ciertos los hechos imputados, que están en grave peligro las reformas implementadas en el Poder Judicial en los últimos años, especialmente para el reforzamiento de la independencia de los jueces, las garantías de imparcialidad de sus decisiones y la fortaleza de los cambios.
FINJUS llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, a realizar todas las diligencias que fueren necesarias, en el marco del debido proceso de ley, para que todas las personas que pudieren estar implicadas en los hechos señalados en la acusación del procurador general de la República, reciban las sanciones correspondientes, tanto por las faltas graves cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional como en el ámbito penal por los delitos y crímenes que representan.
Reiteró su fe en la capacidad de las instituciones democráticas para investigar y sancionar a los funcionarios públicos que, valiéndose de las funciones que el pueblo y sus representantes han puesto en sus manos, se aprovechan para cometer actos reñidos con las leyes y la Constitución. Esperamos que en esta ocasión el Poder Judicial sepa reaccionar a la altura de las exigencias del pueblo dominicano para que la justicia sea eficiente e implacable contra el crimen organizado en sus diferentes variantes.
