Nunca nadie pensó que la República Dominicana pasaría por una etapa como la que vive en la actualidad. En una vulneración constante de los derechos humanos y fundamentales. Se Habían escuchado rumores de que a los agentes de la autoridad metropolitana de transporte (AMET) se le obligaba a poner un mínimo de veinte (20) multas por cada jornada de trabajo, o serían sancionados, nuestros medios se han interesado en el tema, para descubrir si es cierto las quejas que circulan, de las Veinte (20) multas diarias y obligatorias por agente.
Pero algunos agentes, denunciaron en nuestro medios de comunicación la situación bajo el carácter de extrema confidencialidad, para no perder su función y quienes suplicaron no revelar su identidad bajo ningún concepto, esas denuncias dan lastima, dolor, impotencia y hace que los ciudadanos víctima de la situación se llenen de heroísmo, para enfrentar esas diabluras del sistema, que son casi una práctica formal del maltrato a los ciudadanos de parte de los agentes sin conducta jurídica, que detienen a los conductores bajo el alegato de que violaron una norma legal de transito, cuando en realidad no es verdad, y es una cosa que sólo está en su obligación de llevar las 20 multas.
Otro problema grave, es la multiplicidad de multa con que aparecen algunos de los portadores de licencias de conducir, que se le duplica de una a 20, 30, y hasta 40 multas sin que nadie defienda a estos agraviados, pues el Ministerio Público asignado a esas salas de transito, a veces son más policía que fiscales, es decir esto se jodio, pues nadie nos puede ayudar ahora, la situación es seria y peligrosa.
La Procuraduría General de la República, para rematar la situación de agravio de derecho, lejos de poner control a esos agentes desaforados, decidió que los multados aparecieran en el sistema criminal (SIC) como violadores de la Ley Penal, igual que cualquier otro infractor, impidiendo la expedición de certificados de buenas conducta, y de este modo contribuyendo a dañar la reputación de las personas, que no pueden trabajar, ni hacer nada correcto por esta decisión abusiva y desacertada, pero no decidió sancionar a quienes establecen un número fijo de multas diarias y poner multas a gente que no violaron la Ley de transito.
Entre los ingresados a la agencia de AMET, se han introducido algunos jóvenes, que muchas veces se tornan, vanagloriosos, soberbios, irrespetuosos, blasfemos y de conocedores de la Ley, cuyo único merito para imponer multas, es su función y su uniforme, que llegan hasta el extremo, de que, cuando el semáforo esta en rojo, ordenan el paso del tránsito y cuando está en verde, ordenan detenerlo, promoviendo los anti-valores y la resistencia al cumplimiento de la Ley de transito y sus reglamentos.
De la orden de las veinte (20) multas, han sido víctimas, jueces, fiscales, abogados, ingenieros, profesores, contadores, periodistas, comunicadores, médicos y de todas las otras profesiones, incluyendo débiles ciudadanos en sentido general, menos agentes policiales, no importando el rango que tengan, pues a estos sólo le preguntan, ¿Es usted, Policía o Militar?, si presentan un carnet o dicen que sí, no han violado la Ley y siguen hacia delante, aún cuando andan en vehículos ajenos, sin placa, sin seguro, sin cinturones, sin matrícula, sin respeto a la ciudad.
Es claro, que en la actualidad en la nación, se encuentra en peligro la libertad de tránsito, que es un derecho constitucional, y en cierto modo, se intenta establecer un Estado de represión, en contra de los ciudadanos indefensos, promoviendo un Estado policial, donde de nuevo aparecen las groserías de los policías y agentes de tránsito, que lejos de establecer el orden social, intentan sembrar represión, y creen que los ciudadanos lo soportaran mucho tiempo.
para restablecer la libertad ciudadana y castigar a los ofensores de la Ley, que la utilizan a su antojo, debe crearse un grupo de resistencia, que puede denominarse ¨Bloque de Resistencia Procesal¨, compuesto por especialistas en diferentes áreas, mayormente en la jurídica, y cuya función sería, observar a esos agresores, identificarlos, para someterlos a la acción judicial, cuando sean descubiertos violando la Ley y la Constitución, sin exclusión y no importando la función o el rango que ostente y la forma como llegó hasta el. También el ¨Bloque de Resistencia Procesal¨, denunciaría de manera pública, las malas actuaciones en contra de los ciudadanos, que son en definitiva, la materia prima, que da objeto a la aparición de gobierno y de las agencias de control.
Denunciaría de igual forma el abuso cometido por la Procuraduría General, al establecer con carácter de obligatoriedad, algo que violenta la constitución y el Código Procesal Penal, pues según la normativa procesal, los datos personales y resumen de caso penal de una persona en conflicto con la ley, solo serán publicado luego del auto de apertura a juicio, pero ahora nos encontramos que sólo con la amenaza e irrespeto de un agente de amet, sin apertura a juicio, ya los datos andan en el sistema criminal, pero a la gente de la procuraduría general nadie la mete en ese sistema por ese crimen que están cometiendo contra las personas indefensa y eso viola el artículo 39 de la constitución, sobre la igualdad de las personas ante la Ley.
Respuestaprocesal.com.do, llama la atención del Procurador General de la República, para que se abstenga de seguir publicando los datos de los ciudadanos que son víctimas de multas inmerecidas, y de no detener dicha conducta anti procesal, nuestro periódicos promoverán en un plazo razonable una acción de amparo preventiva y una acción directa de inconstitucionalidad contra dicha medida.
Es una práctica tal ves tan antigua como la misma institución
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