WASHINGTON.- El pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que el grupo designado para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa hace un año en Iguala (Guerrero, México) continuará trabajando en el caso hasta el 30 de abril de 2016, con posibilidad de renovar el mandato.
La Comisión, que hizo el anuncio en un comunicado, extiende así el actual mandato de este grupo de expertos creado en noviembre 2014 por un periodo de seis meses, como pedía el Gobierno mexicano, aunque las familias de las víctimas querían que esta investigación se prolongara indefinidamente.
Esta decisión llega después de que el pasado 19 de octubre el grupo de expertos alcanzara un acuerdo con el Gobierno de México para abrir una segunda etapa de trabajo con nuevas reglas, entre ellas incluir el informe de la CIDH en la investigación del caso.
«Los representantes de las víctimas pidieron una renovación indefinida, el Estado dijo seis meses y el grupo dijo seis meses, por eso renovamos por seis meses, pero sin responder si se podría hacer otra extensión, esa cuestión queda abierta», explicó hoy en rueda de prensa el comisionado James Cavallaro.
El relator para México afirmó, asimismo, que decidieron renovar el mandato del grupo de expertos por las «deficiencias y problemas» en las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora por el Gobierno mexicano.
«Por eso, hay que seguir acompañando e identificando líneas de investigación adecuadas», añadió el comisionado, que hizo estas declaraciones en la clausura del 156 periodo de sesiones de este organismo con sede en Washington.
Uno de los puntos clave que deberán seguir negociando los expertos con el Gobierno mexicano es la exigencia del grupo de poder entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala.
Los expertos aseguran que esos militares estuvieron presentes en el lugar de los hechos y, por eso, consideran indispensable hacer entrevistas directas con ellos.
La semana pasada, en una audiencia de la CIDH sobre el caso, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Roberto Campa, se limitó a decir que «la diligencia que tiene que ver con el Batallón 27 puede desarrollarse en los términos del acuerdo a través del Ministerio Público».
Preguntado por esta cuestión, el comisionado Cavallaro dijo que tanto la Comisión como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado para el caso entienden que el acuerdo suscrito el pasado 19 de octubre permite esas entrevistas.
«Nosotros exigimos que el grupo tenga las condiciones necesarias para cumplir con su mandato, y si entiende que entre esas hay el tema de las entrevistas a los militares, entendemos que corresponde facilitar esa solicitud», afirmó el comisionado.
«Entre las recomendaciones del grupo están las entrevistas a los militares del batallón 27, se entiende que se van a hacer esas entrevistas, entendemos que ese acuerdo nos facilita esas entrevistas», subrayó Cavallaro.
Otro de los puntos principales del acuerdo entre los expertos y el Gobierno es el traspaso de la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuradoría de Derechos Humanos de México.
El cambio del equipo de investigación fue una de las demandas que hicieron organizaciones de la sociedad civil en la audiencia pública de la CIDH, donde la semana pasada se abordó este tema en el marco del 156 periodo de sesiones del organismo, que concluye hoy.
La audiencia pública de la CIDH donde se presentó el acuerdo se convocó para dar seguimiento al informe presentado en septiembre por el grupo de expertos.
Ese informe denuncia irregularidades en la investigación y cuestiona la versión oficial del caso, según la cual los 43 estudiantes fueron arrestados por policías corruptos en el municipio de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en un basurero.
