SANTO DOMINGO. El juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó ocho meses de prisión preventiva contra tres acusados de presuntas irregularidades en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La medida, con envío a la cárcel de La Victoria, fue dictada en contra de Yoel Soriano, el ex empleado Alejandro de los Santos y el abogado Rafael Pérez Alejo.
El magistrado consideró que hay elementos de pruebas suficientes para aplicar la prisión preventiva solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Asimismo, manifestó que el expediente tiene una complejidad por los múltiples factores alegados en las irregularidades.
Durante la audiencia, el imputado Rafael Pérez Alejo negó que fuera empleado de la OISOE, condición que admitió durante los interrogatorios que le hicieran representantes del PEPCA. En tal sentido, el juez le reclamó que a él no le pusieron una pistola para que declarara eso y que habló en presencia de su abogado.
Asimismo, el magistrado le enrostró a Alejandro de los Santos que usaba el Estados para extorsionar y que el suicidio del ingeniero David Rodríguez García, ocurrido el pasado 25 de septiembre en las oficinas de la OISOE, fue la prueba de su denuncia.
“Es vox pópuli que el gran problema de los ingenieros es que le hacen la vida imposible”, dijo al referirse al escándalo tras la muerte del ingeniero.
El juez dijo que lo que le pasó al ingeniero fue fruto de la desesperación que tuvo porque no tenía la capacidad para soportar la presión “cuando le llama ladrones a ustedes”.
El magistrado dijo que hay evidencia de cesión de créditos, función que no corresponde a la OISOE.
“Si al ingeniero le falta recursos, ese no es su problema (de la OISOE)”. Consideró que en el caso hay una infracción de tipo penal y una situación que envuelve la confianza del Estado.
La prisión preventiva fue solicitada por Bertha Cabrera, Milciades Guzmán, Wagner Cubilete y Narciso Escaño, representantes del Ministerio Público.
Mientras que los abogados de los imputados Carlos Balcacer, Freddy Reyes y Carlos Díaz habían solicitado al magistrado desestimar la prisión preventiva como medida de coerción.
De su lado, el abogado que representa a los familiares de las víctimas, Miguel Surún Hernández, se constituyó en actor civil y sometió a la justicia a los imputados y al exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh.
Según lo establecido por el Ministerio Público, las acciones de los imputados Alejandro De Los Santos y Yoel Soriano, en su condición de encargado del Departamento de Edificaciones Escolares y de excoordinador de la Dirección Técnica de la OISOE, respectivamente, se subsumen y adecuan típicamente a los artículos 123, 166, 167, 175, 177, 178, 179, 258, 265, 266, 400 y 405 párrafo (agregado Ley No. 5224 de 1959) del Código Penal Dominicano, así como a las disposiciones expresadas en los artículos 8, 9, 23 y 24 de la Ley 6200 relativa al Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura, la Agrimensura y Profesiones Afines.
En el caso de Rafael Pérez Alejo “el hombre del maletín” o “el hombre de los anillos”, quien se desempeñaba como asistente personal de Alejandro De Los Santos, se ha abierto una investigación por la presunta violación de los artículos 179, 265, 266, 400 y 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Estado dominicano. Entre otras acciones, este imputado hacía horario de trabajo en la OISOE, en su condición de asistente de Alejandro, sin que fuera empleado de dicha institución.
