MP; presenta acusación formal a implicados en la muerte del hijo de Claudio Caamaño

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Santo Domingo. El Ministerio Público presentó acusación formal  por ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en contra de los implicados en el asesinato de Claudio Francisco Caamaño Vélez, cuya audiencia fue aplazada para mañana a los fines de que ejecute una orden de conducencia en contra de dos testigos.

Los fiscales Dante Castillo y Denis Silvestre pidieron al tribunal que los imputados Julio Aquiles Martínez Arias (Bocho), autor material, su hermano el sargento de la Policía Luis Confesor Martínez Arias y José Ramón Puello fueran declarado culpable de los hechos que se le imputan ocurrido el 11 de marzo del 2012 en la comunidad de Pizarrete, provincia Peravia.

Mientras que al declarar en el tribunal el imputado Martínez Arias narró que el día del hecho, se produjo una discusión con una persona a quien le dio un golpe en la cabeza con la cachaza de la pistola que portaba,  zafándose un tiro que impacto a Caamaño Vélez, pero que en ningún momento tuvo intención de matarlo.

Luego de que el imputado declarara, el ministerio público pidió al tribunal el aplazamiento de la audiencia a fin de ejecutar la orden de conducencia en contra de Maikel Miguel Valdez y Norberto Martínez, quienes fueron aportados como testigos a cargo de la acusación.

Empero, el tribunal presidido por la magistrada Gissel Méndez, Tania Yunes y Yisel Naranjo, rechazó el pedimento de aplazamiento para esos fines, a los que los fiscales presentaron un recurso de oposición a la decisión de los jueces, quienes revocaron su propia decisión para permitir que se diera cumplimiento a la orden de conducencia de los testigos.

En la audiencia, los familiares de la víctima, Claudio Caamaño Gullón, Fabiola Julia Vélez Catrain y Claudio Antonio Caamaño Vélez estuvo representado por el abogado Cándido Simón Polanco, quien no se opuso a que la audiencia fuera aplazada a los fines de escuchar los testigos requeridos por el Ministerio Público.

Se recuerda que el caso estaba siendo conocido en la jurisdicción de Peravia, pero los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia  declinaron el expediente por causa de seguridad pública, luego que el proceso fuera reenviado en unas 43 ocasiones.