Por Wendy Martínez Garabitos
Procuradora fiscal de San Cristóbal
Para quien vive en Haina, acudir al Ministerio Público podía significar hasta hace poco trasladarse a la ciudad de San Cristóbal, disponer de dinero para el transporte, ausentarse del trabajo durante varias horas y recorrer oficinas desconocidas en busca de orientación. No todas las personas podían hacerlo. Algunas aplazaban la denuncia; otras se resignaban a convivir con el conflicto. También estaban quienes regresaban a sus hogares sin haber encontrado una respuesta.
Esa realidad comenzó a cambiar con la apertura del Centro Integral de Acceso a la Justicia de Haina, ubicado en la calle El Seguro, casi esquina con la carretera Sánchez Vieja, en Bajos de Haina. Allí funcionan una Fiscalía Comunitaria, el despacho del fiscalizador ante el Juzgado de Paz, una Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. No se trata simplemente de colocar varias oficinas bajo un mismo techo. Lo verdaderamente importante es haber acercado servicios esenciales a una población que, durante años, tuvo que buscarlos fuera de su municipio.
Hablar de acceso a la justicia suele llevarnos a pensar en tribunales, jueces, fiscales, abogados y expedientes. Sin embargo, su significado es mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más profundo. Existe acceso real a la justicia cuando una persona puede presentar una denuncia, recibir información comprensible, ser escuchada sin prejuicios y obtener una respuesta dentro de un plazo razonable. También existe cuando las instituciones están lo suficientemente cerca para que acudir a ellas no se convierta en una carga difícil de soportar.
La Constitución dominicana reconoce esa garantía en su artículo 69. Toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva y, como parte de ella, a una justicia accesible, oportuna y gratuita. La palabra «accesible» no aparece allí por casualidad. Obliga a mirar más allá de la existencia formal de los órganos judiciales y a preguntarnos si el ciudadano común puede llegar hasta ellos, comprender sus procedimientos y obtener una atención adecuada.
Una fiscalía distante puede estar abierta todos los días y continuar siendo inaccesible para buena parte de la población. La distancia no se mide únicamente en kilómetros. También se expresa en el costo del pasaje, en las horas que pierde un trabajador, en la madre que no tiene con quién dejar a sus hijos o en la persona envejecientes que encuentra dificultades para desplazarse. Cuando esas barreras se acumulan, el derecho permanece escrito, pero pierde eficacia en la vida cotidiana.
Por eso la llegada del Ministerio Público a Haina tiene un valor que supera la inauguración de una dependencia. Representa una forma concreta de cumplir la función esencial del Estado, establecida en el artículo 8 de la Constitución: proteger de manera efectiva los derechos de las personas, respetar su dignidad y procurar los medios que les permitan desarrollarse dentro de un marco de libertad, justicia social y bienestar.
También materializa la igualdad reconocida en el artículo 39 constitucional. No basta con afirmar que todas las personas pueden acudir al sistema de justicia. Es necesario crear condiciones para que puedan hacerlo en la práctica. Quien dispone de vehículo, tiempo y recursos económicos no enfrenta las mismas dificultades que una persona de escasos ingresos obligada a trasladarse fuera de su comunidad. Acercar los servicios públicos ayuda a corregir esa desigualdad.
En términos administrativos, podría hablarse de una desconcentración territorial del Ministerio Público. La institución conserva sus competencias, su organización y su unidad de actuación, pero lleva el servicio hacia el territorio donde viven los ciudadanos. Esa decisión reduce la dependencia del municipio cabecera y distribuye de manera más razonable la atención pública dentro de la provincia de San Cristóbal.
Haina no es una comunidad pequeña ni aislada. Es un municipio densamente poblado, con una intensa actividad industrial, comercial, portuaria y laboral. Esa dinámica produce relaciones económicas, familiares y sociales complejas. Allí se presentan conflictos vecinales, denuncias por amenazas, agresiones, daños a la propiedad, violencia intrafamiliar, disputas entre particulares y situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes. Pretender que toda esa demanda de justicia sea atendida únicamente desde la ciudad de San Cristóbal significaba mantener un modelo excesivamente centralizado.
Una Fiscalía Comunitaria permite ofrecer una respuesta diferente. Su cercanía facilita que el fiscal conozca mejor el entorno, identifique los problemas más frecuentes y establezca vínculos con las juntas de vecinos, los centros educativos, las iglesias, las autoridades municipales, los servicios de salud y las organizaciones sociales. Esa conexión con la comunidad puede ayudar a prevenir conflictos antes de que alcancen consecuencias más graves.
El Ministerio Público no existe solamente para perseguir delitos. El artículo 169 de la Constitución le atribuye la responsabilidad de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Esa misma disposición le ordena garantizar los derechos fundamentales, proteger a las víctimas y testigos, defender el interés público y promover la resolución alternativa de las disputas.
Dentro de ese mandato adquiere especial relevancia la conciliación. No todo conflicto necesita terminar en un juicio prolongado. Existen casos en los que el diálogo, la reparación del daño y el cumplimiento de compromisos pueden ofrecer una solución más rápida y satisfactoria para las partes. Llevar cada diferencia hasta sus últimas consecuencias judiciales no siempre mejora la convivencia ni responde de manera adecuada a las necesidades de la víctima.
Conciliar tampoco significa restarle importancia a una conducta ilícita o favorecer la impunidad. Mucho menos puede convertirse en un mecanismo para presionar a la parte más vulnerable. La conciliación debe ser voluntaria, informada, equilibrada y permitida por la ley. Hay asuntos que, por su gravedad, por el interés público comprometido o por la situación de vulnerabilidad de la víctima, requieren investigación y persecución penal. Saber distinguir unos casos de otros forma parte de la responsabilidad profesional del fiscal.
Cuando se aplica correctamente, la solución alternativa evita que controversias manejables permanezcan durante años dentro del sistema. También permite que los fiscales concentren mayores esfuerzos en los hechos graves que demandan investigaciones complejas. La utilidad de una Fiscalía Comunitaria se encuentra precisamente en esa capacidad para escuchar, orientar, conciliar cuando corresponda y actuar con firmeza cuando la respuesta penal resulte necesaria.
Otro aspecto valioso del centro de Haina es la atención integrada. Una mujer víctima de violencia, una familia preocupada por la situación de un menor o una persona que necesita formular una denuncia no debería peregrinar de institución en institución, repitiendo una y otra vez hechos dolorosos. Reunir varias dependencias en un mismo lugar puede reducir la revictimización, agilizar la coordinación y facilitar la adopción de medidas de protección.
Esa integración, sin embargo, debe traducirse en algo más que proximidad física. Requiere personal suficiente, formación especializada, áreas que garanticen privacidad, herramientas tecnológicas y protocolos claros de actuación. La calidad de una fiscalía no se mide únicamente por el número de expedientes abiertos. También importa la manera en que se recibe a la persona, la información que se le ofrece, el seguimiento de su caso y el tiempo que tarda en obtener una respuesta.
Una institución cercana que trata mal al ciudadano termina creando una nueva forma de distancia. De ahí que el éxito del centro dependa en gran medida de la sensibilidad y preparación de quienes presten servicios en él. Escuchar con atención, explicar sin arrogancia y comprender que detrás de cada denuncia existe una persona preocupada son prácticas tan importantes como conocer las normas procesales.
La Fiscalía Comunitaria también puede desempeñar una labor preventiva. Su relación con la comunidad permite organizar jornadas de orientación, explicar cómo formular una denuncia, informar sobre los derechos de las víctimas y promover vías pacíficas para manejar determinadas controversias. Una fiscalía que solo aparece después del delito llega tarde a una parte importante de su misión. La presencia territorial debe servir para conocer, prevenir y responder.
Será necesario evaluar sus resultados con criterios que vayan más allá de las estadísticas tradicionales. Importará saber cuántas personas fueron orientadas, cuántos conflictos encontraron una salida legal, cuántas víctimas recibieron protección oportuna, cuánto tiempo se redujo en la tramitación de los casos y qué nivel de confianza ha generado el centro entre los habitantes de Haina.
La justicia también necesita ser medida desde la experiencia de quien toca la puerta. Una persona puede no conocer la estructura del Ministerio Público ni comprender las diferencias entre una fiscalía, un juzgado de paz o una unidad especializada. Lo que sí sabe es si fue escuchada, si la trataron con respeto y si encontró una institución dispuesta a ocuparse de su problema.
La apertura del Centro Integral de Acceso a la Justicia de Haina representa, en consecuencia, un paso importante hacia un Ministerio Público más cercano. Reduce la centralización, facilita la conciliación en los casos legalmente permitidos, fortalece la protección de las víctimas y coloca diversos servicios al alcance de la población.
El verdadero desafío comienza ahora. Consiste en lograr que cada ciudadano que acuda a la calle El Seguro encuentre algo más que oficinas nuevas. Debe encontrar orientación, respeto y respuestas. Porque la justicia no se acerca únicamente cuando abre una puerta en la comunidad. Se acerca, sobre todo, cuando detrás de esa puerta existe una institución capaz de escuchar y actuar.
