La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago se prepara para dictar este lunes el fallo definitivo sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra los tres implicados en la Operación Onco14. Tras haber concluido formalmente la fase de réplica y contrarréplica entre las partes, el órgano persecutor espera que la magistrada Stephanie Santiago Reyes acoja en su totalidad el pedimento de prisión restrictiva para los principales encartados en el desfalco al patronato de salud.
La solicitud del órgano de investigación exige formalmente la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), así como para su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD. En tanto, para la tercera imputada en el proceso, Dilcia Isabel Vargas Sánchez —exesposa de Lora Cruceta y quien fungiera como auditora y vicepresidenta de la entidad—, la fiscalía ha solicitado la modalidad de arresto domiciliario.
La audiencia correspondiente, encabezada por un cuerpo técnico integrado por el director general de Persecución, Wilson Camacho; Mirna Ortiz, de la Pepca; y Quirsa Abreu, fiscal titular de Santiago, fue reprogramada por la jueza para este lunes 29 de junio a las 7:30 de la noche, momento en que se proyecta la emisión de la resolución oficial. El Ministerio Público ha requerido además que el proceso judicial sea declarado formalmente de tramitación compleja.
Mecanismos del entramado delictivo
Las indagatorias presentadas ante los tribunales describen una amplia red de maniobras fraudulentas orientadas al enriquecimiento ilícito a expensas de pacientes de oncología y de los fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Las evidencias recabadas detallan la ejecución de fraudes clínicos y farmacéuticos basados en la alteración de recetas, el uso ilícito de sellos médicos falsificados, la doble facturación de servicios a la aseguradora estatal y el despacho incompleto de fármacos a los pacientes de cáncer.
A estas acusaciones se suman la comercialización ilegal de medicamentos que habían sido recibidos en calidad de donación gratuita, contrabando aprovechando exoneraciones impositivas, tráfico de sustancias controladas, y el uso no autorizado de los quirófanos del centro oncológico para la realización de procedimientos de cirugía estética. De igual forma, el expediente tipifica el desvío de recursos mediante la autoasignación irregular de sueldos corporativos, viáticos, reembolsos de viajes privados y gastos de representación espurios, respaldados por la utilización de las razones sociales Vargas Lora & Asociados y la fundación Tócate RD.
El operativo policial y judicial de captación, que contó con el auxilio de la Unidad de Investigación Criminal (UIC), conllevó el secuestro de dinero en efectivo, material informático, un arma de fuego, vehículos y títulos inmobiliarios. El Ministerio Público mantiene contra los encartados la imputación de cargos criminales por asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado dominicano, delitos de alta tecnología mediante accesos ilícitos informáticos, soborno y lavado de activos.
