Una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional permitió el arresto de un ciudadano que se encontraba prófugo de la justicia. Al detenido se le atribuye la agresión con arma de fuego hacia su antigua compañera sentimental y la muerte de dos personas en eventos separados ocurridos en San Cristóbal y Los Alcarrizos.
El sospechoso, identificado como Eddy Ariel Díaz González, fue localizado y detenido en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, perteneciente al municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia.
La detención fue coordinada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, en colaboración con el Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la fuerza policial.
Contra Díaz González se cumplimentaron los mandamientos judiciales de arresto números 01541-2026-AJOR-00896 y 2026-AJ0022465F. Dichas órdenes fueron emitidas de manera respectiva por las magistradas Siomara Mercedes y Cecilia Toribio Melo, de las Oficinas de Atención Permanente de San Cristóbal y Santo Domingo Oeste.
Las investigaciones preliminares correspondientes al caso de San Cristóbal señalan que el 21 de marzo de 2026, el encartado se presentó portando un arma de fuego en la vivienda de la progenitora de la víctima. En el lugar, hirió de gravedad a su expareja con múltiples disparos y le quitó la vida al padrastro de esta.
El expediente acusatorio añade que, tras cometer el primer hecho, el imputado se desplazó hacia el municipio de Los Alcarrizos. En esa localidad atacó a tiros a Pedro Luis Encarnación, ciudadano que falleció días después en un centro de salud a consecuencia de los impactos recibidos.
El procesado será remitido a las jurisdicciones correspondientes de San Cristóbal y Santo Domingo Oeste, donde las fiscalías locales lideran los procesos judiciales por los crímenes imputados.
De forma provisional, el órgano de persecución penal tipifica las acciones del detenido como homicidio, homicidio agravado, así como porte y uso ilegal de armas de fuego. Estas calificaciones se fundamentan en las violaciones a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16.
