SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó la medida de prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta un proceso judicial por presuntamente solicitar y recibir un soborno de una persona que era objeto de investigación.
La decisión fue adoptada tras acoger la solicitud del Ministerio Público y rechazar un recurso de apelación presentado por el imputado contra la resolución que ordenó su encarcelamiento preventivo el pasado 6 de mayo.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, valoró la decisión del tribunal al considerar que se corresponde con la gravedad de los hechos atribuidos al procesado.
Según explicó, Valdez Alcántara habría solicitado dinero con el propósito de influir en investigaciones que estaban bajo su responsabilidad como representante del Ministerio Público.
“Tanto el tribunal que impuso la medida de coerción como la Suprema Corte de Justicia han establecido que la prisión preventiva es la medida proporcional e idónea para este caso, por la gravedad de los hechos imputados”, expresó Camacho al término de la audiencia.
Ministerio Público defiende las evidencias del caso
Al referirse a la posición asumida por el imputado, Camacho afirmó que las pruebas reunidas por las autoridades dificultan que puedan ser cuestionados los hechos investigados.
Indicó que los US$10,000 presuntamente recibidos por el fiscal formaban parte de una entrega controlada organizada por el propio Ministerio Público, procedimiento en el que el dinero fue previamente identificado y documentado antes de ser entregado.
Asimismo, explicó que las evidencias fotográficas fueron incorporadas al expediente antes de ejecutarse la operación y que posteriormente el dinero marcado fue encontrado en posesión del acusado.
“En términos objetivos, salvo el derecho de defensa, no hay forma de negar unos hechos de esta naturaleza”, manifestó el procurador adjunto.
Camacho agregó que el compromiso institucional es perseguir cualquier conducta ilícita respaldada por evidencias, independientemente de la función o cargo que ocupe la persona investigada.
Tribunal considera que persisten las razones de la medida
La decisión fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena, quien junto a los demás jueces concluyó que las circunstancias que justificaron la imposición de la prisión preventiva permanecen vigentes.
Durante la audiencia, Camacho sostuvo que la gravedad del caso no radica únicamente en el supuesto soborno recibido, sino en la condición de funcionario público de la persona señalada.
El representante del Ministerio Público argumentó que quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley están sujetos a mayores niveles de exigencia debido a la naturaleza de sus funciones.
Acusación incluye solicitud de dinero y bienes de lujo
Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente una medida de prisión preventiva de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El expediente señala que el fiscal habría solicitado inicialmente US$200,000 a una persona bajo investigación, monto que posteriormente redujo a US$150,000 durante las conversaciones sostenidas con esta.
De acuerdo con la acusación, además del dinero, el imputado mostró interés en obtener un reloj marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo Mercedes-Benz 350 o 450.
El Ministerio Público le atribuye violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La prisión preventiva fue impuesta originalmente por la jueza Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, luego de rechazar diversos incidentes planteados por la defensa, incluyendo una solicitud de nulidad del proceso.
