Por: Jonathan Baró Gutiérrez
Procurador general de Corte de Apelación
Cuando una persona decide ingresar al Ministerio Público, pocas veces imagina cómo esa decisión terminará transformando cada aspecto de su vida. Al principio, todo parece girar alrededor del derecho, la investigación criminal, los tribunales y la vocación de servicio. Con el paso de los años se descubre que ocupar el cargo de fiscal es mucho más que ejercer una profesión. Es asumir una forma de vida que inevitablemente termina ocupando espacios que antes pertenecían a la familia, a los amigos, al descanso y, en ocasiones, a la propia salud.
Después de casi dos décadas en el Ministerio Público, he conocido fiscales extraordinarios. Hombres y mujeres que han dedicado buena parte de su vida a perseguir el delito, proteger víctimas y defender el interés público. He visto colegas dedicar noches enteras a investigaciones complejas, acudir a escenas traumáticas sin importar la hora y enfrentar presiones que difícilmente podrían comprender quienes observan el sistema de justicia desde fuera. También he sido testigo del costo silencioso que esa entrega suele tener en sus vidas personales. Muchos servidores públicos admirables cargan consigo historias de agotamiento, sacrificios familiares y renuncias que rara vez trascienden más allá de los pasillos de una fiscalía.
La sociedad suele observar al fiscal desde una perspectiva limitada. Lo ve durante una audiencia, en una entrevista o cuando algún caso de relevancia nacional ocupa los titulares de la prensa. Desde fuera, pareciera que su trabajo se limita a presentar acusaciones, solicitar medidas de coerción o participar en juicios. Sin embargo, gran parte de esa labor ocurre lejos de los tribunales. Transcurre en madrugadas interrumpidas por llamadas urgentes, en fines de semana que dejan de pertenecer a la familia para convertirse en jornadas de servicio, en vacaciones suspendidas por una investigación inesperada y en largas horas de análisis de casos complejos que exigen respuestas inmediatas. Es un trabajo silencioso que rara vez ocupa titulares, pero que consume tiempo, energía y tranquilidad en una proporción que pocos alcanzan a imaginar.
Pocas profesiones mantienen un contacto tan directo con el sufrimiento humano. Quien ejerce como fiscal escucha relatos que la mayoría de las personas preferiría no conocer jamás: niños víctimas de abuso sexual, mujeres atrapadas en ciclos de violencia, familias destruidas por un homicidio, personas desaparecidas o padres que buscan desesperadamente respuestas ante una tragedia. Con el tiempo, esas historias dejan de ser simples casos y pasan a formar parte de la memoria de quien las investiga.
Aunque la investigación concluya y el proceso termine, hay situaciones que permanecen. Hay rostros que se recuerdan durante años y escenas que regresan inesperadamente cuando se intenta descansar. Hemos sido formados para investigar, acusar y procurar justicia, pero rara vez recibimos herramientas para manejar el impacto emocional que produce convivir diariamente con el dolor ajeno.
La magnitud de ese impacto suele comprenderse mejor cuando se escucha a quienes han vivido esa experiencia. Hace algún tiempo, un amigo fiscal que durante años trabajó en el rescate y protección de víctimas me confesó algo que nunca he olvidado. Después de dedicar gran parte de su carrera a investigar casos especialmente sensibles, me dijo que prefería renunciar antes que volver a desempeñar funciones relacionadas con esa área. No hablaba de cansancio físico ni de exceso de trabajo. Hablaba de algo más profundo. Me explicó que el desgaste mental y psicológico había sido tan intenso que todavía, años después, seguía teniendo pesadillas con algunos de los casos que investigó. Había rostros, historias y escenas que se negaban a desaparecer de su memoria. Aquella conversación me hizo comprender que algunas heridas no dejan marcas visibles, pero pueden acompañar a una persona durante mucho tiempo.
La experiencia de mi colega no es excepcional. Cada vez más investigaciones confirman que la exposición constante al sufrimiento humano, la violencia y los acontecimientos traumáticos puede generar consecuencias emocionales duraderas en quienes tienen la responsabilidad de investigarlos. Mientras las víctimas reciben la atención y el acompañamiento que merecen, pocas veces se reflexiona sobre el impacto psicológico que estas experiencias producen en quienes deben escucharlas, documentarlas y procurar justicia.
En más de una ocasión he escuchado a compañeros admitir que algunos casos los acompañan durante años, incluso después de haber concluido judicialmente. No quedan únicamente en la memoria como hechos o detalles de una investigación. Son experiencias que dejan huellas emocionales profundas y que, en ocasiones, reaparecen en momentos inesperados. Quienes trabajan durante largos períodos con víctimas de violencia, explotación sexual, pornografía infantil o muertes violentas suelen cargar un peso que no figura en las estadísticas institucionales, pero que forma parte de la realidad cotidiana de la profesión.
La evidencia científica ha comenzado a dar nombre a este fenómeno. Durante años se pensó que el agotamiento profesional era un problema exclusivo del personal médico o docente. Hoy sabemos que los operadores de justicia forman parte de los grupos más vulnerables. Un estudio publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, titulado «Burnout y calidad de vida profesional en operadores de justicia que atienden violencia familiar», encontró niveles significativos de desgaste profesional y una afectación importante de la calidad de vida de quienes desempeñan estas funciones.
La preocupación también ha alcanzado el ámbito internacional. El informe «Bienestar Mental en la Profesión Jurídica: Un Estudio Global», elaborado por la International Bar Association, advierte que la salud mental constituye uno de los principales desafíos de jueces, fiscales y abogados. Entre los factores identificados figuran las jornadas excesivas, la presión constante, la exposición permanente a conflictos humanos y la dificultad para mantener un equilibrio razonable entre la vida profesional y la personal.
Aunque estos estudios fueron realizados fuera del país, describen situaciones conocidas por numerosos miembros del Ministerio Público dominicano. Basta recorrer una fiscalía o conversar con quienes llevan años en la institución para advertir que el agotamiento emocional no es una hipótesis académica, sino una experiencia que muchos conocen de primera mano. La trayectoria de numerosos fiscales está marcada por sacrificios que rara vez aparecen en los informes institucionales. Hay quienes han visto pasar la infancia de sus hijos entre audiencias y allanamientos; quienes han debido cancelar vacaciones planificadas durante meses por una investigación urgente; y quienes han aprendido a convivir con la incertidumbre de no saber a qué hora terminará realmente su jornada.
La familia también experimenta los efectos de esta forma de vida. Aprende a convivir con llamadas inesperadas durante la cena, con salidas apresuradas en la madrugada y con la imposibilidad de planificar muchas actividades con absoluta certeza. Los hijos, las parejas y los padres terminan comprendiendo que detrás de cada emergencia institucional existe una ausencia que alguien deberá asumir en el hogar. Son sacrificios que rara vez se contabilizan, pero que forman parte del costo humano que implica sostener la persecución penal en una sociedad cada vez más compleja.
El impacto de esta dinámica no siempre se manifiesta de inmediato. A veces aparece gradualmente en la dificultad para desconectarse del trabajo, en la sensación permanente de estar disponible, en el cansancio acumulado o en la percepción de que la vida personal ha quedado subordinada a las exigencias del servicio.
Existe además una dimensión silenciosa de este problema. Con frecuencia se cree que el fiscal está bien porque sigue compareciendo a las audiencias, dirige investigaciones y mantiene la misma apariencia de firmeza de siempre, pero las apariencias suelen ser engañosas. No son pocos los que han aprendido a esconder el agotamiento detrás de una sonrisa profesional, a disimular las preocupaciones para no inquietar a sus familias o a cargar en silencio tristezas que consideran incompatibles con la imagen de fortaleza que el cargo les impone. Como sucede con muchas personas que dedican su vida al servicio de los demás, terminan convirtiéndose en expertos en ocultar sus propias heridas mientras continúan atendiendo las ajenas.
A ello se suma un elemento particularmente difícil de explicar a quienes observan la labor fiscal desde fuera. El fiscal vive permanentemente sometido al juicio de los demás. Cuando solicita prisión preventiva, algunos entienden que actúa con exceso de rigor; si considera que las pruebas no son suficientes para acusar, otros lo califican de complaciente o cómplice. Investigar a una persona influyente suele generar cuestionamientos, pero abstenerse de hacerlo también provoca críticas. Tomar decisiones que inevitablemente producirán inconformidad forma parte de la rutina diaria de esta profesión.
Esa presión termina pasando factura. El síndrome de burnout suele manifestarse mediante agotamiento físico, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración y una sensación permanente de cansancio. En muchos casos aparecen problemas de salud asociados al estrés crónico, incluyendo hipertensión arterial, trastornos gastrointestinales y episodios depresivos. Lo más preocupante es que estos síntomas suelen normalizarse. Muchos continúan trabajando porque entienden que el servicio no puede detenerse, aun cuando su bienestar personal se encuentre seriamente comprometido.
Paradójicamente, quienes tienen la responsabilidad de proteger derechos fundamentales suelen descuidar los propios. Mientras dedican enormes esfuerzos a garantizar la protección de víctimas, testigos y usuarios del sistema de justicia, con frecuencia postergan consultas médicas, renuncian a espacios de descanso o sacrifican tiempo que legítimamente pertenece a sus seres queridos.
Por esa razón, el debate sobre la salud mental dentro del Ministerio Público ya no puede seguir siendo postergado. No se trata de una cuestión de comodidad laboral ni de una reivindicación de las asociaciones. Se trata de reconocer una realidad humana que existe detrás de la función. Un sistema de justicia sólido necesita profesionales preparados, independientes y técnicamente competentes, pero también personas emocionalmente saludables capaces de sostener durante años una labor tan exigente como la persecución penal.
Ocupar el cargo de fiscal no es un concurso de belleza. No se trata de agradar, de buscar reconocimiento ni de acumular popularidad. Es asumir decisiones difíciles, soportar críticas y cargar responsabilidades que pocas personas estarían dispuestas a aceptar. Cada caso que llega a una fiscalía involucra víctimas, familias y conflictos profundamente humanos. También hay mujeres y hombres que, pese al cansancio, la presión y las renuncias personales que impone la profesión, continúan adelante porque entienden que la justicia no puede esperar.
En cada caso que llega a los tribunales existe una víctima que espera una respuesta del sistema. Pero detrás de cada fiscal también existe una persona que intenta cumplir esa misión sin dejar de ser padre, madre, esposo, esposa, hijo o hija. Durante demasiado tiempo hemos hablado de la fortaleza de las instituciones sin detenernos a pensar en la fortaleza de quienes las sostienen.
Comprender esa realidad no constituye un acto de benevolencia ni una concesión administrativa. Es reconocer que proteger la salud mental de quienes procuran justicia es una condición indispensable para que nuestro sistema de justicia conserve su sensibilidad, su equilibrio y su dimensión humana.
Porque en cada audiencia, en cada investigación y en cada decisión difícil participa un ser humano que también carga sus propias batallas. Y es precisamente por eso que ocupar el cargo de fiscal no es un concurso de belleza.
