SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, fijó para el 6 de julio la audiencia preliminar de conocimiento de la acusación por los sobornos pagados por Odebrecht en el país.
Mediante auto 01-2018, Ortega Polanco notificó ayer al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a los abogados de los imputados Ángel Rondón, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez, que la audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia.
Los señalados en el caso son acusados por la Procuraduría General de recibir sobornos de la constructora brasileña, además de prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
Ortega Polanco no otorgó plazo a las partes para responder a la acusación depositada el 9 de junio.
Se recuerda que tres de los imputados, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Tommy Galán, no depositaron escritos de contestación por considerar que la notificación y el plazo que les dio la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia fue irregular.
En una nota de prensa, el procurador Rodríguez expresó que el Ministerio Público destruirá por completo en los tribunales “los falsos argumentos presentados a la opinión pública por abogados de algunos de los imputados, resaltando que en el caso de los que ocuparon funciones públicas, los elementos probatorios confirman que recibieron dinero de los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país”.
El debate de la acusación del Ministerio Público por los sobornos pagados por Odebrecht para ser favorecidos con obras del Estado, estará centrado en el debido proceso, la imputación precisa de cargos, calificación jurídica, así como inclusión o exclusión de imputados.
Ortega Polanco deberá decidir, en caso de no inhibirse o no ser recusado, si procede la calificación de autor de soborno para Rondón Rijo bajo el concepto de que en el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y la multinacional, la empresa admite los hechos.
Los juristas Julio Cury y Félix Damián Olivares explicaron que Rondón Rijo como enlace comercial de Odebrecht, a la luz de la acusación de la Procuraduría, no es el autor de dicho delito, más bien sería cómplice porque quien pagó fue Odebrecht.
Olivares considera que Rijo pudiera ser considerado como un “cooperador necesario”, o sea un cómplice, no sobornante, porque “él estaba sobornando con el dinero de ellos”.
De igual forma, Cury explicó que no se entiende cómo el órgano investigador está usando como testigo a Leonardo Guzmán Font-Bernard sin haber aplicado a su favor un criterio de oportunidad, porque según la propia imputación, Font-Bernard es testaferro del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
“Resulta, lo que se verá más adelante, que el Ministerio Público cuando tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible no puede dejar de ejercer la acción pública en contra de ellos, salvo que no recurra una de las tres vías que la ley prevé. Que es un juicio penal abreviado o la conciliación que en este caso no se puede o el criterio de oportunidad”, explicó.
Lo mismo ocurre en el caso de la esposa e hijos de Jesús Vásquez y la cuñada de Roberto Rodríguez, a quienes se señala como receptores del dinero del soborno a través de pagos en cheques de una de las empresas de Ángel Rondón Rijo.
“La ley los obliga a presentar, a ejercer la acción pública, cuando tienen las pruebas necesarias para sustentar la acusación. Ellos lo que han hecho es selectivamente presentar acusación contra los que han querido”, puntualizó Cury.
La Procuraduría acusa a Rondón Rijo de asociación de malhechores, autor de sobornos, lavado de activos; al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, al exsenador Andrés Bautista, al senador Tommy Galán, y al exdirector de Inapa, Roberto Rodríguez, de autor de soborno o cohecho de funcionario, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en escritura pública; Conrado Pittaluga es imputado como cómplice de soborno y lavado, y el senador Jesús Vásquez es sometido por soborno o cohecho y lavado de activos.
