Costa Rica. Mes a mes, cada uno de los 12.400 empleados del Poder Judicial recibe, en promedio, casi ¢1 millón solo en incentivos, además del salario base.
Se trata de una cifra que supera por mucho el sueldo promedio en el sector privado (¢385.000) y que triplica el salario más bajo del Gobierno (¢267.000).
El gasto en incentivos, de hecho, es el que más dinero consume cada año en la Corte.
El presupuesto del Poder Judicial para el 2018 es de ¢474.800 millones, de los cuales ¢384.000 millones (81%) se destinan al pago de remuneraciones.
De ese monto, casi ¢155.000 millones se reservan para costear los incentivos, lo que equivale a una tercera parte del total del dinero que el Gobierno le transfiere a la Corte para sufragar sus gastos, proveniente del cobro de impuestos.
Este rubro de beneficios se engordó en los últimos años en favor de los funcionarios judiciales. Creció en un 44% en los últimos ocho años al pasar de ¢107.000 millones, en el 2010, a ¢155.000 millones en la actualidad.
De hecho, el Poder Judicial gasta hoy mucho más en incentivos que en salarios base, pues estos últimos cuestan ¢102.000 millones.
El gasto de beneficios se alimenta de anualidades, dedicación exclusiva, disponibilidad, compensación por vacaciones, salario escolar, recargo de funciones y un rubro llamado “otros incentivos salariales”, que es el más gordo de todos y que corresponde a un grupo de 21 privilegios exclusivos para funcionarios judiciales.
Los datos se desprenden de una comparación realizada por La Nación de los presupuestos del Poder Judicial.
La Corte dispone de esta holgura de pluses salariales en momentos en que el presidente Carlos Alvarado pide a los demás poderes imitar las medidas de austeridad del Gobierno, con la consigna de sortear una crisis económica que ahogaría al país.
En esa línea de restricción del gasto, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunció medidas para contener el crecimiento en anualidades y dedicación exclusiva, al tiempo que otorgará un mismo aumento salarial para todos sus funcionarios (¢3.750 por semestre).
En anualidades, por citar un caso, ya no se pagará un porcentaje del salario sino un monto fijo, lo que evitará el crecimiento exponencial. Por dedicación exclusiva, el Ejecutivo redujo a un 10% y un 25% los porcentajes del salario que se pagarán a nuevos bachilleres y licenciados, en vez de un 20% y un 55%.
La Corte, que paga por ejemplo hasta un 65% por dedicación exclusiva, no ha dicho si imitará estas medidas. Lo único que ha anunciado es un recorte de un 0,4% en el presupuesto del 2018.
Solo en restricción al ejercicio de la profesión de los funcionarios, la Corte gasta ¢37.500 millones anuales y, en anualidades, ¢36.200 millones.
El Gobierno pudo ponerle freno a anualidades y dedicación porque no estaban fijados por ley, sino por decisión del Ejecutivo. Y, en la Corte, los incentivos más caros no tienen rango legal, sino que son concesiones de la cúpula.
El Poder Judicial gasta casi ¢60.000 millones en 21 beneficios ideados por el Consejo Superior o por la Corte Plena del Poder Judicial. Este es un rubro que creció muy por encima de la inflación en el 2018, pues subió en un 7% con respecto al 2017
