Santo Domingo.- El Ministerio Público dominicano anunció hoy que ha presentado acusación contra siete personas, dos de ellos expresidentes del Senado, por su presunta implicación en los sobornos de la constructora Odebrecht, pero excluyó a otros ocho exfuncionarios y legisladores que fueron imputados el año pasado.
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que tienen pruebas contra siete personas de sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por lo que está presentando formal acusación y solicitando auto de apertura a juicio, pero que no han encontrado evidencias contra otros ocho exfuncionarios y legisladores.
Los siete dominicanos que serán sometidos a la justicia son el senador oficialista Tommy Alberto Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; los expresidentes del Senado Porfirio Andrés Bautista García y Jesús Vásquez; el exsenador Roberto Rodríguez Hernández; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, y el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
“Podemos afirmar de manera clara y precisa, que este grupo (los siete) ha recibido sobornos (…) hemos comprobado de manera irrefutable que presentan un patrimonio que simplemente no pueden justificar”, afirmó Rodríguez.
El procurador dijo que sacaba del expediente del caso al diputado opositor Alfredo Pacheco; al exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el senador oficialista Julio César Valentín; los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura; el exdiputado Rudy González, así como Bernardo Castellanos de Moya y Máximo De Óleo.
El funcionario informó que la decisión de excluir a ese grupo se debió a que no se habían encontrado evidencias suficientes.
“Por ese motivo, decidimos archivar, provisionalmente, los expedientes de esos ocho imputados”, alegó el procurador.
La empresa brasileña Odebrecht reveló que distribuyó 92 millones de dólares en la República Dominicana entre 2001 y 2014 para conseguir la adjudicación de contratos.
Por el caso Odebrecht fueron imputados en mayo del pasado año 14 empresarios y políticos de los gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
De los 14 imputados, 8 fueron enviados a prisión preventiva en junio del año pasado, pero posteriormente consiguieron que un juez variara las medidas de coerción y ya todos se encontraban en libertad condicional.
El procurador anunció hoy que incluyó en la acusación al exsenador Vásquez Martínez, actual secretario general del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de oposición), ya que las investigaciones lo vinculan a los sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El procurador presentó las acusaciones formales dos días antes de que venciera el plazo que le había dado para ello, el juez especial de la Suprema Corte de Justicia designado para el caso, Francisco Ortega Polanco.
En sus declaraciones, Rodríguez valoró la investigación como el resultado de un “arduo” trabajo, que implicó investigar a más de 400 personas y compañías.
Asimismo, el procurador explicó que durante la investigación el Ministerio Público de la República Dominicana hizo múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, España y Panamá, cooperación que resultó altamente provechosa para poder hoy presentar acusación formal en contra de los siete imputados.
En relación a las posibles sobrevaluaciones de las obras construidas por Odebrecht, Rodríguez afirmó que está a la espera de que la Cámara de Cuentas le rinda un informe sobre el particular que le solicitó.
Asimismo, dijo que en cuanto a la termoeléctrica de Punta Catalina, que la firma brasileña construye en el sur del país, se determinó tras una investigación “independiente y objetiva”, que no se encontraran evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco en su financiación.
