Rodríguez, rechazó hoy la decisión judicial que mantendrá en libertad condicional bajo garantía económica al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón Rijo, implicados en los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país para asegurarse contratos de obras estatales.
A través de un comunicado de prensa, Rodríguez rechazó la resolución emitida horas antes por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y que tachó de “injustificable porque no han variado en nada los presupuestos que dieron origen a que el pasado 8 de julio esos mismos jueces ratificaran la prisión preventiva para ambos”.
Al rechazar el recurso de apelación del Ministerio Público, que buscaba el retorno a prisión de los imputados, este tribunal ratificó la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, que dispuso la libertad condicional de Rondón y Díaz Rúa, en contra de quienes había dictad 1 año y 9 meses de prisión preventiva, respectivamente, por su presunta implicación en el caso.
El procurador general señaló que “en el recurso de apelación los fiscales a cargo del caso Odebrecht presentaron suficientes elementos para que, sin vacilación, el tribunal retornara a la cárcel a Díaz Rúa de donde jamás debió de haber salido”.
Y lo mismo para el caso de Rondón, “sobre todo, porque la estadía en libertad de ambos representa un gran riesgo para la ampliación de las investigaciones que se están llevando a cabo”.
“La Procuraduría no favorece ese comportamiento, y objeta absolutamente la medida que lo facilita y las motivaciones que han impulsado la decisión de hoy; la misma es totalmente incongruente con nuestros propósitos de hacer justicia”, aseveró.
Según Rodríguez, desde la institución que dirige “estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar que se incentiven las percepciones de permisividad e inacción y que de una vez por todas sean erradicados de la sociedad dominicana; especialmente en los actores políticos y sus vinculados directa o indirectamente”.
El procurador general hizo un llamado a la ciudadanía para que, “mientras se aproxima el momento de aplicar las consecuencias que corresponden frente a los actos de corrupción, los ciudadanos de bien reaccionemos con nuestro rechazo”.
