La suspendida jueza de la ejecución de la pena Aleyda Jiménez Acosta defendió ayer su honestidad y sus actuaciones en el caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) y aseguró que actuó sobre la base del pedimento que le hizo el Ministerio Público, puesto que fue el Ministerio Público que pidió la prisión domiciliaria de Castillo Paniagua.
Indicó que cuando ordenó el cambio a prisión domiciliaria pidió que un personal del Centro de Corrección de Vista al Valle le diera seguimiento, con visitas periódicas en la residencia donde estaría alojado.
La magistrada Jiménez Acosta afirmó que hizo lo que señala el Código Procesal Penal en lo referente a personas que padezcan una enfermedad terminal o un estado de demencia sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción. “Yo he actuado en base a los documentos que me presentó el Ministerio Público. Quien hizo la solicitud fue el Ministerio Público, que tampoco recurrió en apelación la decisión adoptada”, manifestó.
Reveló que el señor Castillo Paniagua (condenado por homicidio en un caso en el que no hay querellante) era llevado al tribunal en una silla de ruedas, con un tanque de oxígeno, una gorra negra y una toalla con la cual se cubría la boca. Luego leyó el contenido del certificado médico que ponderó para adoptar la decisión, en el que señala que Paniagua padecía un cáncer terminal y recomienda estricto seguimiento de inmediato, tratamiento de quimioterapia, con el correspondiente régimen de medicación para fines de evaluación del mismo, cuya atención y tratamiento no eran compatibles con las restricciones carcelarias del paciente.
Afirmó que eso lo dijo una persona con calidad, “no lo dice la juez”. Significó que eso no lo dijo ella, sino un médico y que ella actuó en base a los documentos y lo que pidió el Ministerio Público.
Dijo que en más de 40 años que lleva en el tren judicial, nunca se había visto involucrada en un escándalo, ni nadie puede señalarla o vincularla a hechos dolosos. “Ingresé a laborar en la judicatura el 16 de noviembre de 1970, y por primera vez me veo envuelta en una situación como esta”.
Ayer trascendió que fueron suspendidos el procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, licenciado Felipe Restituyo; el procurador general adjunto, José Calasanz Morel y el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez.
