Tras el pago de la garantía económica que le impuso el tribunal de alzada, se espera que hoy cinco de los ocho imputados en el caso Odebrecht que guardaban prisión preventiva en la cárcel de Najayo, sean liberados.
Los trámites burocráticos y falta de información por parte del Ministerio Público, habrían impedido que Temístocles Montás, Andrés Bautista, César Sánchez, Ruddy González y Máximo D`Oleo Ramírez, fueran puestos en libertad ayer mismo.
“Nosotros ya firmamos el contrato de la fianza de nuestro representado, Andrés Bautista, y una vez el procurador general lo autorice, vamos a buscarlo a la cárcel de Najayo”, dijo Manuel Ulises Rodríguez, quien encabeza la defensa del exlegislador.
Carlos Salcedo, miembro también de la defensa del presidente del PRM, informó que estaban en los trámites burocráticos para depositar la fianza de su cliente lo más rápido posible.
“Nosotros somos rápidos pero la Procuraduría no acaba de dar toda la información necesaria en cuanto a compañía de seguros se refiere”, señaló Salcedo.
Además del pago de la garantía económica de RD$15 millones a Sánchez, Segura y González; y de RD$5 millones a D´Oleo Ramírez, los jueces de la segunda Sala de la Cámara penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le impusieron impedimento de salida del país y presentación periódica ante la autoridad judicial.
PGR puede solicitar revisión. De acuerdo con el abogado Valentín Medrano, el procurador general, Jean Rodríguez, puede solicitar la revisión del dictamen mediante el cual el tribunal de alzada varió (parcialmente) el fallo del juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, el pasado 6 de junio.
“ Esa posibilidad antes no existía pero a partir de la reciente modificación que hizo el Poder Legislativo, puede hacerlo a partir de la notificación de la sentencia”, dijo
El artículo 138 del Código Procesal Penal (CPP) dice en su parte in fine que “La revisión para imponer una medida más gravosa, solo procede a solicitud del ministerio público y del querellante”.
Advirtió que recurriría. En la víspera del conocimiento de la apelación interpuesta por los encartados en el caso Odebrecht, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, emitió un documento en el que advertía a los jueces de alzada que, como respetuoso de la independencia de los poderes, él respetaría cualquier decisión que de ellos emanara, pero que “en caso de ser necesario, por no compartir el criterio, la recurriría a través de los canales legales correspondientes”.
Lo que impuso Ortega. Prisión preventiva a Ángel Rondón (1 año), Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga (9 meses); Montás, Bautista y González (6 meses); D´Oleo Ramírez y Sánchez (3 meses).
Arresto Domiciliario a Segura y Roberto Rodríguez (9 meses); garantía económica de $5 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica, a los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán; y al diputado Alfredo Pacheco.
Cambios dispuestos en apelación. A Montás, Bautista, González, D´Oleo Ramírez y
Sánchez, le variaron la prisión por garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica; a Segura le quitaron el arresto domiciliario; a Pacheco, Díaz Rúa y Rondón, lo dejaron igual.
