El Ministerio Público evaluará el informe de la comisión que estudió el proceso de licitación de la termoeléctrica de Punta Catalina para determinar el uso que le dará en las investigaciones sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrecht, encargada de la ejecución de ese y otros 16 proyectos en el país.
Así lo informó ayer el procurador general, Jean Rodríguez, al momento de recibir en su despacho el informe que le entregó la referida comisión, encabezada por monseñor Agripino Núñez Collado.
“ Les aseguramos que este informe será estudiado, será evaluado, y conforme a lo que acá indique, nosotros pues lo tomaremos en cuenta en el marco de lo que establece la ley y de nuestras investigaciones”, dijo el procurador a los comisionados presentes.
Fueron ellos, además de Núñez Collado, el empresario José Luis (Pepín) Corripio Estrada, Pedro Brache, presidente de Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista ( CASC); Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), y el Pastor Jorge Alberto Reynoso Cabrera.
La comisión dijo que llevó el informe al procurador porque así lo dispuso el Poder Ejecutivo en el decreto mediante el cual le asignó a ellos la encomienda de investigar el caso Punta Catalina, indicando que le corresponde al funcionario profundizar en esa investigación.
Corripio Estrada destacó que la comisión estuvo seis meses estudiando y buscando todo lo que estaba a su alcance, e hicieron sus recomendaciones, señalando que aunque el pasado es difícil de cambiar en cualquier circunstancia de la vida que sea, el futuro se puede mejorar.
Recordó que el informe tiene un aporte para que en futuras licitaciones se eviten malas interpretaciones y dudas con el mecanismo de implementar las licitaciones.
También dice que si el gobierno determina hacer un cambio, el mismo tiene que reunir una serie de requisitos y garantías para que el Estado no se perjudique en términos cuantiosos al hacerlo, ya que cada mes de retraso de la obra implicaría US$25 millones
“Si fuera una empresa mía, yo evaluaría esa situación, cuánto sería la pérdida indirecta a través de la demora, y eso es lo que se menciona del Estado, pero se deja al libre albedrío de la decisión del gobierno de lo que debe hacer o convenir”, dijo Corripio.
