ANTO DOMINGO. La justicia brasileña conoció y decidió sobre casos de vinculados al gigantesco escándalo de corrupción político-empresarial, denominado Operación Lava Jato, que no pudieron sustentar su alegato de que no recibieron sobornos de empresas investigadas, sino pagos por servicios de consultoría o técnicos, una defensa similar a la del empresario dominicano Ángel Rondón, interrogado por los sobornos de Odebrecht.
El pasado 12 de enero, después de un interrogatorio de más de 13 horas, el procurador Jean Alain Rodríguez informó que Rondón admitió que recibió US$92 millones de Odebrecht, pero que no fueron para pagar sobornos con el fin de que la empresa consiguiera proyectos en el Estado, sino por “servicios” en un contrato de “representación comercial”. El pasado lunes el empresario depositó documentos en la Procuraduría con la finalidad de probar su declaración, luego de un plazo concedido para tal fin.
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En Brasil, la justicia de ese país también concedió la oportunidad de que investigados por corrupción en la Operación Lava Jato –de la que el caso Odebrecht forma parte- presentaran las pruebas de los servicios alegados como medio de defensa, pero se registran casos en los que no pudieron sustentarlo.
En abril de 2015 el periódico Folha de Sao Paulo publicó que el juez federal de Curitiba, Sergio Moro –responsable de procesos importantes derivados de Lava Jato-, encontró inconsistencias en la información suministrada por el exministro José Dirceu de Oliveira e Silva para justificar contratos investigados por el desvío de recursos de Petrobras, también parte del caso Lava Jato. Entre las discrepancias había fechas de firma de contratos y el periodo de ejecución que no concordaban.
Dirceu de Oliveira fue presidente del Partido de los Trabajadores en Brasil y uno de los hombres más influyentes del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El periódico Folha de Sao Paulo destacó que Moro consideró que la ruptura del secreto bancario era el medio “menos gravoso” para aclarar si los contratos firmados por el exministro con los contratistas reales, reflejaban un servicio efectivamente prestado, “o simplemente simulado para justiciar el pago de sobornos”.
El 18 de mayo de 2015 Moro dictó la sentencia en primera instancia de 23 años y tres meses de prisión para Dirceu de Oliveira al encontrarlo culpable de corrupción pasiva y activa y lavado de dinero.
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En otro caso, el 31 de julio del 2015, el juez Moro extendió cinco días la prisión preventiva de Othon Luiz Pinheiro da Silva y del presidente global de Andrade Gutiérrez Energía, Flávio Barra, por su alegada participación en fraudes de corrupción en la estatal Eletronuclear, investigada en la Operación.
El Ministerio Público había pedido prisión preventiva para ambos, pero el juez decidió conceder más tiempo para que presentaran evidencias de que los servicios que la compañía de Othon, Aratec, dijo haber prestado a contratistas, justificaban el pago de 4.5 millones de reales brasileños, según publicó el periódico Folha de Sao Paulo. Othon alegó que eran traducciones de su hija y servicios de ingeniería de su yerno.
El juez Moro indicó que se requerían, más que cualquier contrato, pruebas de los servicios de consultoría o ingeniería proporcionados en el caso. El Ministerio Público alegó que no se encontró documentación que probara los servicios prestados.
El periódico Folha de Sao Paulo publicó que documentos fiscales registraban que Aratec cuadruplicó sus ingresos en 2009, después de que Othon firmó una enmienda a Andrade Gutiérrez por 1.24 mil millones de reales brasileños.
El 3 de agosto de 2016, el juez del tribunal federal criminal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, condenó a Othon, expresidente de Eletronuclear, a 43 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero, evasión de impuestos y organización criminal. También con 14 años y 10 meses de prisión a su hija Ana da Silva Toniolo. El Ministerio Público sostuvo que Othon recibió sobornos por los contratos entre la empresa y las constructoras Andrade Gutierrez y Engevix para la construcción de la nuclear Angra 3.
Sobre Barra, en septiembre de 2016 fue sentenciado por el Séptimo Juzgado Penal Federal a 15 años de prisión domiciliaria por los crímenes de corrupción activa, lavado de dinero y participación en una organización criminal.
Defensa en la República Dominicana
Un documento difundido en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostiene que la Constructora Norberto Odebrecht, subsidiaria de Odebrecht S.A., alojaba una unidad llamada División de Operaciones Estructuradas, que fue creada para permitir a Odebrecht hacer pagos no registrados, muchos de estos en forma de sobornos a oficiales del Gobierno brasileño y del extranjero.
El informe indica que entre 2001 y 2016 Odebrecht pagó aproximadamente US$788 millones en sobornos en asociación con más de 100 proyectos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En el caso de la República Dominicana, detalla que se entregaron US$92 millones en sobornos entre 2001-2014. Cita como ejemplo que, para asegurar ciertas obras públicas, la empresa brasileña pagó sobornos a un intermediario responsable de interactuar con el Gobierno en el entendido de que el intermediario pasaría el dinero, en parte, a oficiales gubernamentales.
El empresario Rondón, quien ha sido vinculado con casos de corrupción en perjuicio del Estado, visitó este miércoles nuevamente la sede de la Procuraduría para hacer algunas aclaraciones sobre los documentos que depositó para defender su reiteración de que los US$92 millones que recibió de la empresa fueron como pago de servicios por su asociación comercial con la Constructora Norberto Odebrecht, a quien representa en el país.
“Me desligo totalmente del pago de cualquier soborno que habría hecho Odebrecht en República Dominicana y lo dije en un documento. Jamás los recursos que he recibido han sido para comprar conciencias ni nada por el estilo”, afirmó.
