Santo Domingo.- La Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de la Procuraduría General de la República organizó un taller, dirigido a jueces, fiscales y defensores públicos para unificar la aplicación de sanciones y medidas alternativas a los adolescentes involucrados en infracciones de tipo penal.
El taller, organizado a través de mesas intersectoriales de socialización, fue auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en coordinación con NNA y la Dirección Nacional de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Procuraduría, conjuntamente con el Poder Judicial.
En la inauguración de la actividad, que se desarrolló en el auditorio de la PGR, participaron, la procuradora general adjunta coordinadora de NNA, Marisol Tobal; el director de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, Carlos Guerrero; Yaconsti Moquete y Elisa Frías, consultor y representante de UNICEF, respectivamente, así como Judith Fabián, del Consejo Nacional para la Niñez y la Infancia (CONANI).
Marisol Tobal agradeció a UNICEF por la cooperación que siempre están dispuestos a ofrecer para que los actores del sistema de justicia que trabajan con niños, niñas y adolescentes estén acorde con los procesos de atención a ese segmento de la población envuelto en situaciones de conflicto penal.
Dijo que el trabajo con los adolescentes es muy profundo y destacó el apoyo en ese sentido del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, para que se implementen buenas prácticas dentro de los centros de NNA con el objetivo de reeducarlos.
Mientras que Carlos Guerrero, al dar la bienvenida al taller, destacó que las mesas de trabajo servirán para mejorar el sistema de ejecución de sanciones entre todos los operadores del sistema de justicia que trabajan con niños, niñas y adolescentes.
“Parte de la consultoría es para saber qué hacer y así estandarizar los procesos”, dijo el señor Moquete.
Mientras que Elisa Frías expresó que UNICEF siempre estará en la disposición de acompañar al Estado dominicano para proteger a los niños, niñas y adolescentes, apoyando siempre la aplicación de medidas alternativas y que la privación de libertad sea el último recurso.
