CARACAS. La oposición venezolana definió ayer la hoja de ruta que seguirá con el control absoluto del futuro Parlamento, enfocada en la liberación de sus dirigentes presos y reformas económicas, pero el presidente Nicolás Maduro las rechazó de antemano al descartar una conciliación.
Los 112 diputados electos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha) se reunieron en un hotel de Caracas y definieron las prioridades de la agenda que desarrollarán a partir del 5 de enero cuando se instalará la nueva Asamblea Nacional de 167 escaños, elegida el pasado domingo.
Con la súper mayoría calificada frente a los 55 escaños del oficialismo socialista, la MUD planea aprobar, entre sus primeras acciones, una ley de amnistía para unos 80 “presos políticos”, entre ellos el líder radical opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años acusado de promover la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014.
Pero Maduro ya adelantó que la vetará. En sesión el jueves, la actual Asamblea, controlada por el oficialismo chavista, nombró como directora de la Defensoría Pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a López, lo que fue criticado por organizaciones no gubernamentales.
“La Asamblea está blindada por la Constitución, va a defender al pueblo con una agenda social, económica y política. Podemos aprobar en nuestra primera sesión la ley de amnistía y trabajar en función del nuevo modelo económico. El señor Maduro que siga peleando sólo”, declaró a la prensa el diputado opositor reelecto Tomás Guanipa.
Antes de entregar el control del Parlamento, los diputados oficialistas tienen previsto nombrar a 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), foco de conflicto porque según la oposición los candidatos son afines al chavismo.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, afirmó en rueda de prensa que la “moribunda Asamblea” nada podrá hacer contra “la voluntad de cambio expresada en las urnas”.
Lucha de modelos
Atribuyendo la crisis económica a un errado modelo económico centralista al que se aferra el gobierno de Maduro, la MUD adelantó que pretende dictar o reformar leyes para enfrentar la seria escasez de alimentos que provoca largas filas en los supermercados.
Ofrece además incentivar la productividad del país, altamente dependiente de las importaciones y 96% de cuyas divisas las genera el petróleo, revertir expropiaciones, adecuar los salarios al elevado costo de vida y eliminar los monopolios en la prestación de servicios públicos, entre otras medidas, según un documento preliminar.
No obstante, ante cientos de militantes de su partido reunidos en un congreso extraordinario, Maduro prometió la noche del jueves una “contraofensiva revolucionaria”, al asegurar que la oposición pretende desmontar el modelo socialista y las conquistas para los sectores más pobres del país.
“O triunfa la contrarrevolución y se impone un modelo neoliberal tutelado por los Estados Unidos, fascista, lleno de odio, que acabe con todos los logros de la revolución, o nosotros hacemos una contraofensiva popular”, afirmó Maduro, al subrayar que “no es tiempo de cohabitación”.
Para Torrealba, el presidente sigue usando el discurso que llevó al chavismo a “la más severa derrota que han experimentado en 17 años” de gobierno. “Demuestra un profundo irrespeto por el deseo de cambio de pueblo venezolano y una incomprensión de su propia desgracia”, afirmó este viernes.
El presidente había afirmado antes de las elecciones que convocaría al diálogo a los diputados electos, pero tras la aplastante derrota, que atribuyó a una “guerra económica” de empresarios de derecha que provocan la crisis, endureció su discurso y prometió dar la batalla contra lo que llama la “Asamblea burguesa”.
“Esa derecha solo se prepara para mantener su modelo de desestabilización y golpe (de Estado) continuado, utilizando la Constitución”, agregó el presidente en el congreso del Partido Socialista Unido (PSUV), convocado para discutir sobre la contundente derrota sufrida en las parlamentarias.
Maduro, que pidió el martes la renuncia a sus ministros para reestructurar el gobierno, agregó que se deben corregir “errores”, como la “burocracia” y “corrupción”, y tomar medidas principalmente en “el frente económico” en 2016.
Venezuela cerrará este año, según cálculos privados, con una inflación de 205%, una escasez crónica de dos de cada tres productos básicos, y con miles de millones de dólares en deudas comerciales con proveedores.
Dos de los más influyentes exministros del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), Jorge Giordani y Héctor Navarro, aseguraron el miércoles que el país vive “una verdadera catástrofe” económica y que el oficialismo es el responsable de la monumental derrota en las elecciones.
