SANTO DOMINGO.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, está obligado a inhibirse cuando el Consejo del Poder Judicial conozca el juicio disciplinario contra los ex jueces involucrados en alegados casos de corrupción.
Dijo estar sorprendido por los pronunciamientos acusatorios hechos la semana pasada por Germán Mejía contra los suspendidos magistrados, a pesar de los elementos comprobatorios que él como máximo representante del Poder Judicial pudiese haber tenido.
‘’Tu como presidente de un órgano que es el que va a conocer ese juicio disciplinario contra esos magistrados, no debe hacer una rueda de prensa y decir, como él lo dijo que esos magistrados son culpables de esos hechos que públicamente se le están imputando; evidentemente que cuando eso se conozca a lo interno del Poder Judicial, tendrá que inhibirte, y ser sustituido por otro juez de la Suprema Corte de Justicia, tan sencillo como eso’’ aseguró.
Castaños Guzmán entrevistado en el programa “Fuera de Record”, dijo que debido a la gravedad de la crisis que afecta al Poder Judicial lo ideal sería que todos los actores del sistema se puedan sentar, y ver de qué forma pueden modular, todo lo que se está viviendo a lo interno del sector.
‘’Porque déjame decirte, esta crisis no solo se limita única y exclusivamente a este rompimiento del diálogo que debiera ser natural entre el Ministerio Publico y el gobierno de los jueces; Sino que también, se refleja en la relación que hay entre Policías y Ministerio Público, asimismo, se refleja en el sistema Penitenciario’’, agregó.
Expresó que para tener una idea el 70% de las clonaciones de tarjetas de créditos que se hacen en el país son desde las cárceles, lo que representa un costo para la banca anualmente de unos RD$ 200 millones. ‘’Esto evidencia los niveles de componendas tan elevados que hay en el sistema, porque esos tipos de negocios operan en su mayoría desde los recintos penitenciarios’’.
Indicó que uno de los mayores problemas del quehacer judicial en el país, es que los sistemas de consecuencias no funcionan, ’’por eso muchas veces vemos que la penalidad que se le impone a un funcionario público cuando comete un delito grave es la separación del cargo’’.
