República Dominicana ha crecido a un paso acelerado en las últimas décadas, registrando un crecimiento anual promedio de 5%. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado de déficits fiscales recurrentes y de un endeudamiento público en aumento. Como consecuencia, el pago de intereses de la deuda del sector público no financiero pasó de absorber el 18% de los ingresos tributarios en 2013 al 22% en 2023.
Si el país no cambia esta trayectoria pronto, el Estado se verá cada vez más limitado para invertir en infraestructura pública y en formación de capital humano, dos insumos esenciales para sostener, e incluso potenciar, el notable crecimiento registrado hasta ahora en el mediano y largo plazo.
La buena noticia es que el país puede revertir esta situación. Para ello necesita llevar a cabo una reforma fiscal integral que le permita aumentar los ingresos tributarios (que están entre los más bajos de América Latina y el Caribe y representan menos de la mitad del promedio de la OCDE) y, al mismo tiempo, sentar bases legales e institucionales sólidas para asegurar la sostenibilidad y la eficiencia del gasto público de cara al futuro.
Para incrementar la recaudación tributaria será necesario reducir tanto el tamaño del gasto tributario como los altos niveles de incumplimiento.
El gasto tributario de República Dominicana es alto (4.6% del PIB en 2024), y podría recortarse. Por ejemplo, se podría eliminar o reducir al menos parte de las exenciones del ITBIS a personas físicas, que representan cerca de la mitad de este gasto y favorecen principalmente a los estratos sociales de mayor poder adquisitivo. Estas medidas podrían ser acompañadas por un mecanismo de compensación para evitar que los hogares de menores ingresos sean perjudicados. Otra oportunidad de recorte sería evaluar los varios regímenes de incentivos tributarios con el fin de mantener sólo aquéllos que estén generando resultados en términos de inversiones y creación de empleos.
REDUCIR LA INFORMALIDAD
Para recortar los altos niveles de incumplimiento tributario, que pueden llegar a representar más del 50% de la recaudación potencial de algunos impuestos, se necesita reducir la informalidad y también la multiplicidad de exenciones y de alícuotas que complejizan la legislación tributaria actual. Este cambio facilitaría la fiscalización y ayudaría a reducir los costos de cumplimiento para las empresas y las personas físicas, fortaleciendo la efectividad de las mejoras que se han venido registrando en la administración tributaria.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público, el país ha venido dando pasos significativos. Uno de ellos fue la presentación y media sanción del anteproyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, que propone la creación de una regla fiscal y un marco institucional para monitorear y asegurar su cumplimiento, y se encuentra todavía bajo consideración del Congreso. Paralelamente, se está avanzando con la implementación del presupuesto plurianual orientado a resultados y hacia el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y evaluación de la inversión y las políticas públicas. Es clave implementar y poner en pleno funcionamiento estas importantes iniciativas en el menor plazo posible.
Adicionalmente, el país también necesitaría reducir su nivel de rigidez presupuestaria, para lo cual haría falta eliminar asignaciones establecidas a través de leyes especiales, que limitan la capacidad del gobierno de asignar recursos donde más se los necesita para el desarrollo del país.
Con estas reformas, República Dominicana estaría sentando las bases para un crecimiento más sostenible y equitativo, que ayudaría a mejorar la calidad de vida de su población. Desde el BID, estamos comprometidos a apoyar al país en esta importante agenda de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Es autor es especialista líder en gestión fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana.
