Colombia. La audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade se aplazó en una oportunidad; la de medida de aseguramiento fue cancelada tres veces y la de acusación, suspendida en una ocasión. Entre la primera fecha que se fijó para la imputación y la acusación pasaron nueve meses, que en teoría deberían ser tres.
El lunes de la semana pasada, la audiencia de preparación de juicio contra Juan Carlos Ortiz por el caso de Interbolsa fue aplazada porque la defensa pidió más tiempo para la revisión de las pruebas. Con ese mismo argumento, el exdirectivo del Fondo Premium había logrado frenar la diligencia el 15 de enero y el 23 de marzo. En la más reciente audiencia, pese a que la juez aceptó la solicitud de aplazamiento, recordó que el proceso lleva un año y cuatro meses sin avances.
Sobre este caso, el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha insistido en que en mayo vencen los términos para que la justicia decida. De hecho, como respuesta a la alerta, la Judicatura le pidió a la juez priorizar el caso y le dejó solo unos cuantos procesos de relevancia para quitarle carga laboral.
Estos son dos ejemplos de la extendida práctica de cancelar y suspender diligencias judiciales que, de lejos, es uno de los grandes problemas de la justicia, pues no solo afecta el desarrollo del proceso mismo que se aplaza, sino que les quita la oportunidad a otros casos de tener decisiones ante la justicia.
