Un dominicano que usa marihuana medicinal apela condena basándose en prescripción médica

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NUEVA YORK. Danny Vargas, un dominicano que por prescripción médica consume marihuana medicinal, apeló una sentencia de entre 2 a 4 años en la cárcel, por violar la condición de su libertad condicional en un caso de atraco a mano armada en el que usó una pistola de juguete.

Vargas, de 21 años de edad, hizo un atraco con una pistola de juguete, llevándose $500 dólares en el robo, dinero que usó para comprar la droga y pagar parte de las deudas que tenía con un narcotraficante que le fiaba.

Se declaró culpable de robo a mano armada, pero encontró un fiscal y un juez comprensivos, quienes entendieron su problema de abuso de la droga y firmaron un acuerdo para que el adicto se sometiera por tres años a un programa de rehabilitación, mientras estaba en libertad condicional, pero él, violó el pacto y siguió fumando marihuana.

El juez le ordenó no volver a consumir la hierba narcótica, pero Vargas desacató el mandato y fue enviado a prisión con la pena de 2 a 4 años.

Ahora, su abogado Michael Cutler, le está pidiendo a los fiscales y al tribunal anular la sentencia y tomar en cuenta su adicción.

Vargas, según su defensor legal, tenía una prescripción médica que lo autorizaba a usar la marihuana medicinal, por lo que el abogado dijo que podía hacerlo, sin importar lo que el juez dictaminara.

La ley en el estado de Massachusetts, limita la autoridad de los jueces para imponer condiciones que pudieran detener que algún adicto caiga en la delincuencia.

La de Vargas, es una de esas pruebas legales por las que debe pasar un magistrado. “El señor Vargas tenía una condición preexistente”, alegó el abogado del dominicano, en una audiencia el lunes en la Corte Suprema Estatal, donde sometió un recurso de apelación en favor de Vargas.

El recluso sufre de una hernia discal y el médico le autorizó la marihuana medicinal para controlar el dolor y otras molestias.

La ley de Massachusetts que permite el uso de la marihuana medicinal entró en vigencia en 2013 y establece una prohibición absoluta a cualquier pena o sanción contra alguien que la usa bajo receta médica.