WASHINGTON. El plan del presidente Biden para obligar a unos 100 millones de empleados a vacunarse contra el COVID-19 se enfrenta a un importante desafío en el Tribunal Supremo.
Los abogados de 27 estados liderados por los republicanos y decenas de grupos empresariales argumentan que Biden se ha extralimitado en sus funciones, y se presentan ante un tribunal conservador que es cada vez más escéptico con respecto a las regulaciones federales nuevas y de gran alcance.
Pidieron a los jueces que emitan una orden que bloquee la entrada en vigor de las normas de Biden. Pero antes de hacerlo, el tribunal dijo que escucharía los argumentos de ambas partes en un par de casos relacionados.
En el primero, el tribunal decidirá si la administración puede exigir a los empleadores con 100 o más trabajadores que se aseguren de que todos los empleados estén vacunados o se sometan a pruebas semanales de COVID-19.
Esta norma se basa en la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, que otorga al Departamento de Trabajo la autoridad para emitir una “norma temporal de emergencia” para proteger a “los empleados [que] están expuestos a un grave peligro por la exposición a sustancias o agentes determinados como tóxicos o físicamente nocivos o por nuevos peligros”.
La administración dice que el virus es un “nuevo peligro” que representa una grave amenaza, una que ya ha matado a más de 800.000 estadounidenses.
