Quito.- Un tribunal ecuatoriano tiene previsto dar sentencia el próximo martes sobre un vertido de crudo que contaminó en abril varias vías fluviales en la Amazonía, proceso legal al que precederá el lunes un ‘Tribunal ético popular’, formado por expertos en derechos humanos contra los que consideran responsables.
La sentencia se emitirá en la ciudad Francisco de Orellana, también conocida como Coca, ante una demanda para la adopción de medidas cautelares en una acción de protección exigida por un centenar de comunidades indígenas afectadas por la contaminación.
DESASTRE EVITABLE
Más de 15.000 barriles, según grupos indígenas, acabaron en los ríos de la región cuando tres conductos de dos oleoductos que van desde la Amazonía, en el oriente, hasta la costa ecuatoriana, se rompieron el 7 de abril debido a un desplome de tierra en una región altamente sísmica y erosionada.
Un desastre que los afectados consideran se podría haber evitado porque, afirman en un comunicado, ‘el Ministerio del Ambiente y las operadoras (de los oleoductos) supieron con antelación del riesgo inminente del derrumbe que rompió la tubería, sin que haya evidencia sobre las acciones tomadas con esa información’.
‘Tampoco hay evidencia del despliegue de medidas efectivas y oportunas para contener el avance del derrame ni para notificar a las comunidades río abajo sobre los peligros de la contaminación’, indicó una alianza de organizaciones indígenas y derechos humanos.
Responsables del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto Shushufindi-Quito, aseguran por su parte que cerraron las tuberías tan pronto como supieron de su rotura, y que el combustible derramado es básicamente la cantidad remanente desde las válvulas.
E insisten en que ofrecieron agua, alimentos y médicos a la población.
Además de las empresas OCP y Petroecuador, la demanda concierne a los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública.
AFECTACIÓN GENERALIZADA
Presentada a finales de abril por un grupo de organizaciones civiles y religiosas, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y los Vicariatos de Orellana, a la demanda se han sumado un centenar de dirigentes de las comunidades afectadas.
Más allá de los peligros para la salud de decenas de miles de personas, sostienen que la contaminación del agua afecta a su sustento diario de la pesca y contaminado sus chacras (huertos).
