El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a seis y cinco años de prisión a los cuatro acusados por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de extorsionar a contratistas a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Con el voto disidente de la magistrada Leticia Martínez, el tribunal, compuesto además por Ingrid Fernández y Claribel Nivar, declaró culpables a los exempleados de la Oisoe Alejandro de los Santos y Joel Soriano, como funcionarios públicos, de asociarse con los particulares Julio Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez con el fin de defraudar, en perjuicio del estado y particulares.
En el caso de Alejandro de los Santos, exencargado de edificaciones escolares, fue condenado a seis años de reclusión mayor por haber cometido los delitos de coalición de funcionarios, delitos de funcionarios públicos, usurpación de funciones por firmar como arquitecto cuando no ostentaba el título; lavado de activos y violación a varias disposiciones de la ley 6200 que regula el ejercicio de la carrera de ingeniería y la arquitectura.
El voto disidente de la magistrada Leticia Martínez fue solo respecto a este imputado y argumentó que al mismo no se le podía retener el tipo penal de usurpación de funciones solo por el simple hecho de que este firmara un memorando como arquitecto, además de que en los documentos que este aportó a la Oisoe, hacía constar que era estudiante de arquitectura.
También sobre el tipo penal de la extorsión.
Sí retuvo el cargo de lavado de activos, por este ser un delito autónomo, y que aunque no se pudieron mostrar los demás, este sí evidenció un incremento en su patrimonio que no pudo justificar, sobre todo por el corto tiempo en que fueron adquiridos los inmuebles y la forma de pago.
En el caso de Joel Soriano, fue condenado a cinco años de reclusión mayor por los delitos de coalición de funcionarios y extorsión.
Igual pena recibieron los primos Julio Rafael Pérez Alejo, identificado como el hombre del maletín, y Juan Ernesto Romero Pérez, por asociación de malhechores.
El destape. La investigación contra los dos exfuncionarios de la Oisoe inició luego de que el 26 de septiembre del año 2015, a eso de las 3 de la tarde, el arquitecto David Rodríguez se quitara la vida de un disparo en la cabeza en la sede de la institución supervisora, dejando en sus bolsillos una nota donde señalaba a Joel y Alejandro como quienes lo habían estafado y quedado con todo.
A raíz de esto, la Pepca dijo que estos se dedicaban a extorsionar a los contratistas que fueron beneficiados con obras de edificaciones escolares, a los cuales amenazaban con quitarle las obras, sino le entregaban algunas partidas de las mismas para su ejecución y le firmaban cesiones de crédito.
De estas acciones habría sido víctima el arquitecto Rodríguez, quien tenía a su cargo la remodelación y ampliación de un centro escolar en Monte Plata.
Las defensas de los imputados argumentaban que las cesiones de crédito eran una practica común en los contratistas por el retraso de las cubicaciones, y que en el caso de Rodríguez, este se cruzó con el manejo del dinero.
