La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Baní conocerá mañana el fondo de una demanda laboral en reparación de daños y perjuicios por más de US$7.0 millones, interpuesta contra el Consorcio Odebrecht, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y RATZ Consulting, por un grupo de 53 trabajadores de nacionalidad colombiana.
Los demandantes afirman que fueron contratados a través de la reclutadora de personal RATZ Consulting, para venir al país a trabajar como soldadores industriales en el proyecto Termoeléctrico de Punta Catalina, por un período de 20 meses, y fueron desahuciados a los tres meses sin el pago de sus salarios ni de los derechos adquiridos.
El grupo sometió su demanda en mayo pasado, a través de sus abogados Lionel Correa Tapounet, Juan Ramón Rosario Contreras y Joaquín Luciano, quienes afirman, el desahucio es ilegal.
“Por ser un contrato cerrado a 20 meses, no aplica el desahucio. Si la empresa entendía la existencia de una falta por parte de los trabajadores, el trámite procedente era un despido, pero un despido obliga al empleador a invocar una causa, alegar una razón, notificarla al Ministerio de Trabajo y probarla ante un tribunal. De no ser aprobado, se declara injustificado el despido y se condena al empleador a pagar prestaciones laborales”, dijeron.
Fraude laboral. La defensa de los demandantes afirmó que la estructura contractual utilizada deviene en un “fraude laboral” diseñado para evadir responsabilidades laborales, demandas directas, seguridad social y cualquier conflicto que se genere por accidentes de trabajo, toda vez que RATZ Consulting simuló ser el empleador de dichos trabajadores, cuando lo que establece la ley es que el empleador es a quien se le presta el servicio.
Señalaron que en este caso quien ejecuta a Punta Catalina para el Estado Dominicano es el Consorcio Odebretch/ Tecnimont/ Estrella a través de la CDEEE, y sus representantes eran los que les impartían órdenes y les pagaban sus salarios a los trabajadores utilizando únicamente como intermediario a Ratz Consulting.
“Al utilizar a Ratz Consulting, que es una compañía sin la solvencia suficiente para hacer frente al pago de los contratos, los empleadores reales tratan de evadir la responsabilidad de pagar los compromisos económicos contraídos con los trabajadores”, afirmaron.
El contrato. Establece un salario mensual de US$1,400 para los trabajadores durante un período de 18 a 20 meses según el caso.
Los demandantes solicitan un monto global de US$7.0 millones por concepto de prestaciones laborales y por daños y perjuicios de cada uno de dichos trabajadores.
