A menos de 12 horas para vencer el plazo dado por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, para que los 13 imputados en el caso Odebrecht apelaran la medida de coerción, solo cinco han acogido ese recurso.
Ayer lo hicieron el exadministrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), Radhamés Segura, a quien el juez le dictó arresto domiciliario por nueve meses; el exdiputado Ruddy González, confinado en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, por seis meses; y el exadministrador de la Egehid, Máximo D´Oleo, enviado a Najayo por tres meses.
Los imputados en los sobornos que por un monto de US$92 millones que pagó el consorcio brasileño para conseguir la asignación de 17 obras a ser ejecutadas en el país en 2002-2014, solicitaron su libertad.
Fundamentan su pedimento en los mismos argumentos que expusieron durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción que contra ellos hizo el Ministerio Público. Sostienen que son inocentes de los hechos que se les imputan y que su arresto es ilegal.
En su apelación, los abogados de Segura, Ángel Delgado Malagón, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Nassir Rodríguez Almánzar, Agripino de la Cruz, Engels Valdez Sánchez, Franklyn Abreu Ovalle y Enrique Segura Quiñones, enfatizan en que el MP violó el numeral 8 del artículo 95 del Código Procesal Penal, que prohíbe a las autoridades presentar a los imputados “ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o los exponga a peligro”.
Alegan además falta de base para dictar medida de coerción, ya que, según ellos, no establecen suficientes elementos que permitan inferir de modo razonable que su representado sea con probabilidad autor o cómplice de la infracción que se le atribuye.
Los otros dos que han apelado la decisión del juez Ortega son el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, y el exsenador Andrés Bautista, quienes gardan seis meses de prisión preventiva en la misma cárcel que los demás. Los otros ocho no han dicho si apelarán.
