Por Jonathan Baró Gutiérrez
Miembro del Ministerio Público
Este artículo da continuidad a las ideas planteadas en «Reflexiones institucionales sobre el concurso de titularidades en el Ministerio Público», publicadas en Respuesta Procesal, donde se abordó la importancia de que estos procesos se conduzcan bajo los principios de mérito, transparencia y respeto al Reglamento de Carrera. Aquella reflexión partía de una idea sencilla, pero esencial: la carrera no puede sostenerse sobre improvisaciones. Hoy la conversación ha evolucionado. La necesidad del concurso ya no está en discusión; lo que corresponde ahora es definir la mejor forma de organizarlo.
Un proceso listo, pero que exige criterio
Durante la rendición de cuentas de la señora procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se informó que las bases del concurso están listas. Esa afirmación marca un punto de partida claro: el Ministerio Público cuenta con las condiciones necesarias para avanzar. A partir de ahí, la decisión deja de ser operativa y pasa a ser estratégica. No basta con convocar; hay que hacerlo bien.
El Reglamento de Carrera establece con precisión las responsabilidades. La organización de los concursos recae en la Dirección General de Carrera, previa autorización del Consejo Superior del Ministerio Público. Esta Dirección actúa en coordinación con la Dirección General de Persecución o con los Procuradores Generales de Corte, según la titularidad a cubrir. La evaluación técnica corresponde a un jurado Ad hoc integrado por estos actores, mientras que el Consejo Superior conserva su rol de supervisión, aprobación de las bases y órgano de alzada frente a posibles impugnaciones. Esta distribución de funciones asegura equilibrio y objetividad en todo el proceso.
Una carrera que avanza
Conviene observar el momento institucional con una mirada más amplia. En un período reciente, el Ministerio Público ha impulsado concursos de ascenso que han tenido un impacto directo en la dinámica de la carrera. Como resultado del concurso convocado en 2023, en el año 2024 ascendieron noventa y cinco fiscalizadores a procuradores fiscales. De igual forma, producto del concurso convocado en 2024, entre los años 2025 y 2026 se materializó el ascenso de ciento sesenta y cuatro miembros del Ministerio Público a las categorías de procuradores fiscales y procuradores de corte.
Estos procesos no son hechos aislados; evidencian una línea de acción sostenida orientada a fortalecer la carrera sobre la base del mérito y la evaluación objetiva. La institución ha comenzado a moverse en la dirección correcta, y ese avance, lejos de interrumpirse, debe consolidarse mediante decisiones coherentes y bien estructuradas.
Una decisión que ordena el escenario
La propuesta es concreta: convocar el concurso en el mes de junio. La razón es sencilla, aunque sus implicaciones son profundas. A esto se suma un elemento que conviene no perder de vista: un grupo importante de titulares fue seleccionado en septiembre de 2018, otros ya se encontraban en funciones para ese momento, y actualmente existen interinatos que forman parte de la realidad operativa del Ministerio Público.
Esa combinación de situaciones, con titulares de distintos momentos de designación, cargos ocupados con anterioridad y posiciones interinas, configura un escenario que difícilmente puede ordenarse mediante convocatorias aisladas. Intentar resolverlo de forma fragmentada solo prolongaría la falta de homogeneidad en la estructura de mando.
Convocar en junio permite abordar esa realidad de manera integral y conducir el proceso hacia una sola convocatoria. En ese mismo concurso podrían incluirse tanto las titularidades disponibles como aquellas que vencen en septiembre de 2026. La ventaja es evidente: todos los aspirantes compiten bajo las mismas condiciones, con reglas claras y dentro de un mismo contexto institucional.
La importancia de evitar procesos dispersos
Cuando los concursos se desarrollan de manera fragmentada, la institución lo percibe. Surgen diferencias en los tiempos, se multiplican las interpretaciones y, en ocasiones, se instala la idea de que no todos compiten en igualdad de condiciones.
Un único proceso permite coherencia en la evaluación y una visión completa al momento de decidir. También reduce la carga administrativa y facilita la planificación institucional. No es solo una cuestión de eficiencia; es una forma de proteger la credibilidad de la carrera.
Tiempo suficiente para decidir bien
Hay otro elemento que merece atención: el tiempo. Un concurso de esta magnitud no puede tratarse como un trámite más. Las fases previstas, evaluación curricular, pruebas técnicas, evaluaciones psicométricas, entrevistas y eventuales impugnaciones requieren análisis y rigor. Cada etapa aporta información relevante y cumple una función específica dentro del proceso de selección.
Forzar los tiempos o acelerar las fases puede afectar la calidad de las decisiones. Junio ofrece un margen razonable para desarrollar cada etapa con el cuidado necesario. Además, permite proyectar un resultado práctico importante: que los nuevos incumbentes asuman sus funciones a finales de septiembre, lo que favorece una transición ordenada y evita vacíos en posiciones estratégicas.
Una decisión con impacto institucional
La institución no solo necesita cubrir cargos, necesita hacerlo de manera correcta. La forma en que se organice este concurso tendrá un impacto directo en la confianza interna y en la percepción externa de la institución. Por eso, la decisión no debe medirse únicamente por la rapidez, sino por su capacidad de fortalecer la carrera.
Convocar el concurso en junio, para realizar un solo proceso integral, responde a esa necesidad de orden. Es una decisión que simplifica, que da coherencia y que evita distorsiones. No retrasa la institución, la ordena. No retrasa la carrera, la fortalece.
Al final, lo que está en juego va más allá de un calendario. Se trata de consolidar una forma de hacer las cosas, donde las decisiones se adopten con visión de conjunto y respeto a las reglas. Cuando eso ocurre, la institucionalidad deja de ser una aspiración y se convierte en una práctica cotidiana dentro del Ministerio Público.
