Brasilia, Brasil (EFE).- El Senado brasileño aprobó un proyecto de enmienda constitucional que propone eliminar los fueros que amparan a los políticos con cargos públicos para los casos en que cometan delitos comunes, entre ellos robo, lavado de dinero y corrupción, aunque con algunas excepciones.
Con la aprobación de este miércoles, el análisis del proyecto concluyó en la Cámara Alta, tras superar una primera votación en abril pasado, y seguirá para la Cámara de los Diputados, que también tendrá que someter el texto a dos votaciones al tratarse de una alteración constitucional.
El proyecto aprobado por el pleno del Senado, excluye a los presidentes del país, de la Corte Suprema y de las dos cámaras legislativas, además de al vicepresidente, quienes seguirían con fuero como hasta ahora y cuyos casos continuarían siendo juzgados en el máximo órgano de la Justicia brasileña.
Sin embargo, retira los fueros a unas 34.000 autoridades, entre las que figuran los legisladores, nacionales o regionales, el fiscal general del Estado y los ministros del Gobierno.
También elimina ese privilegio para gobernadores, magistrados de tribunales superiores, jueces federales, embajadores y comandantes militares, entre otros.
“De esta forma, todas las autoridades y agentes públicos hoy beneficiados por el foro responderán a procesos iniciados en las primeras instancias de la Justicia común”, salvo las excepciones citadas anteriormente, reflejó un comunicado del Senado.
La actual legislación sobre el asunto también reserva unos fueros especiales a gobernadores, alcaldes, diputados regionales, concejales, jueces y otras autoridades que, en casos de delitos comunes o de corrupción, gozan de instancias judiciales especiales.
En el caso del presidente del país, los parlamentarios, ministros o magistrados de la Corte Suprema, los casos son remitidos a ese mismo tribunal.
Caracterizado por una excesiva burocracia y lentitud, la Corte Suprema demora en promedio unos cinco años en juzgar a un político, por lo que en muchas ocasiones las causas acaban prescribiendo y quedan sin castigo, de ahí que el fuero esté considerado como una de las principales causas de la impunidad de aquellos que delinquen.
La discusión sobre los fueros cobró especial relevancia a raíz de los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, que hasta ahora han salpicado a cientos de políticos y empresarios del sector privado.
Solo a raíz de los testimonios ante la Justicia de 77 exdirectivos del grupo Odebrecht, implicado en el asunto, el Supremo autorizó la apertura de 76 investigaciones contra casi cien políticos con fuero privilegiado citados en las delaciones, entre ellos ocho ministros del actual Gobierno de Michel Temer.
El mandatario también es objeto de una investigación en su contra por supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita en base a las revelaciones de varios ejecutivos del grupo JBS, lo que ha amenazado la continuidad de su Gobierno.
El senador Alvaro Dias, del Partido Verde y autor del proyecto, calificó los fueros como un “instituto de la impunidad” y defendió la propuesta porque va en línea con la Constitución, “que impone que todos somos iguales ante la ley”.
El senador citó un estudio reciente de la Fundación Getulio Vargas que muestra que, entre 2011 y 2016, menos de un 1 % de las acciones contra las autoridades en el Tribunal Supremo resultó en condena y el 68 % no fue concluido.
Precisamente el Supremo comenzó a discutir hoy un caso que podría llevar a un cambio de las reglas del fuero. EFE
