Inteligencia Penal
Por: John Garrido
“Mano dura”, “tolerancia cero” “teoría de las ventanas rotas” fueron las formulas de política criminal contra la inseguridad ciudadana que implemento el ex fiscal y ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Guilliani.
La doctrina de “mano dura” es la repuesta clásica que apelan los gobiernos y se presenta como la salida providencial para responder a la sensación de inseguridad. La misma se ha convertido en un aliciente exitoso que permite capturar la conciencia colectiva de la sociedad. La mano dura no es un movimiento espontáneo, sino una ideología apoyada en teorías muy cuestionadas, incluso en sus lugares de origen. Un ejemplo es la tesis de la “tolerancia cero”, basada a su vez en la teoría de la ventana rota, que sostiene que hay que aplicar la máxima punición contra las infracciones más pequeñas, ya que pueden ser el antecedente de acciones criminales más graves.
La Constitución y el código procesal penal son los instrumentos jurídicos que establecen las formas en la cual los órganos estatales (Policía Nacional y Ministerio Público) deben actuar frente al infractor de un posible delito. Ni la Constitución ni el código procesal mandan a que el delito deba ser investigado con “mano dura” o en el “terreno que sea”. Todo lo contrario, la Constitución y el código ordenan que el infractor de un hecho penal tenga que ser realizada respetando sus derechos. A si se interpreta del contenido del artículo 255 de la Constitución en lo referente a la misión de la Policía Nacional.
La política policial de “mano dura” o “tolerancia cero” no son herramientas sometidas a la conformidad del respeto de los derechos humanos que tanto la Constitución como el código procesal y los Tratados Internacionales relativos a Derechos Humanos imponen. Esas formulas contra la inseguridad ciudadana como programa de reducción del delito y la criminalidad no son conforme a un derecho penal democrático y mucho menos al Estado Social y Democrático de Derecho. La política penal contra el crimen deberá ser conforme al respeto de los derechos humanos.
En consecuencia, la doctrina de “mano dura” no es un mecanismo adecuado ni efectivo para reaccionar frente al delito. Tampoco es un mandato constitucional ni legal. La doctrina de “mano dura” ha sido un gran fracaso donde se ha implementado, ej. En El Salvador se trato de enfrentar el crecimiento de las “maras” (bandas criminales) , con las leyes de «Mano dura» sancionadas en 2003, y luego con las leyes «Súper mano dura», votadas en agosto de 2004, que permiten, entre otras cuestiones, encarcelar a una persona por el simple hecho de tener un tatuaje. Aunque creció el número de detenidos, los homicidios continuaron incrementándose.
Por su parte el articulista Edgar González Ruiz puntualizo: “En manos de Giuliani, esa idea se convirtió en la «cero tolerancia», estrategia que según algunos condujo a una drástica reducción del crimen en nueva York, mientras que para otros esa disminución fue un efecto previsible de las condiciones económicas.”
“Noah Friedsky («El juego de Giuliani en la ciudad de México»: Narco News, 11 de septiembre de 2003) resumió los costos sociales de la llamada «cero tolerancia»: jóvenes de color rutinariamente buscados y perseguidos por atreverse a andar en la calle, prisiones sobrepobladas llenas de «drogadictos» no violentos, familiares de esos presos dejados sin padres, madres abandonadas por un sistema de seguridad social achicado mientras crecían los presupuestos de la policía, indigentes acusados y condenados irregularmente, ya que Giuliani desató una guerra a los defensores de oficio.”
Sólo después de la salida de Giuliani de la alcaldía, prosigue Friedsky, estos efectos comenzaron a aparecer en los titulares, mientras los presos demostraban su inocencia mediante pruebas de ADN, luego de pasar una década en prisión y mientras una cultura de poder policial e inmunidad ya se había revelado a través de históricas acciones de brutalidad policiaca, como la tortura a Abner Louima.
Louima, inmigrante proveniente de Haití, fue arrestado en 1997, golpeado y sodomizado en una estación de policía en Brooklyn; asimismo, Amadou Diallo, otro inmigrante, a pesar de estar desarmado fue asesinado a balazos por agentes de policía en 1999, que equivocadamente creyeron que portaba un arma; Patrick Dorismond, guardia de seguridad afroamericano fue asesinado también por la policía en el año 2000 luego de un malentendido acerca de una transacción de drogas.
“En casos como los mencionados, de Louima y de Diallo, la reacción de Giuliani fue solapar esos abusos, dando una clara impresión de reticencia a hacer declaraciones o tomar medidas que pudieran perjudicar al departamento de policía. Cuando la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos realizó una investigación a raíz de la paliza que recibió Louima, el alcalde testificó que el departamento de policía era «dedicado, profesional y comedido en el uso de la fuerza», pero el fiscal General del Estado llegó a la conclusión de que la mayoría de los registros llevados a cabo por la policía dependían de un criterio personal del agente y afectaban a un gran número de personas de color e hispanos que no estaban cometiendo ningún crimen. De hecho, Giuliani se esforzó por ratificar en los hechos sus tendencias racistas, no sólo en el plano policial sino en aspectos como la educación y otros servicios públicos.”
“De acuerdo con defensores de los derechos humanos, de 1994 a 1996, la policía de Nueva York mató a 75 personas (los baleó en la espalda, en la cabeza, boca abajo en el suelo; los asfixió; los maniató de manos y pies a la espalda y los pisoteó; los mató a golpes; etc. Por todos esos hechos sólo tres policías fueron declarados culpables y ninguno de ellos por homicidio. (Obrero Revolucionario #970, 23 de agosto, 1998).”
“Uno de los aspectos más criticados de la gestión de Giuliani fue su lucha contra las personas que no tienen techo. Repitiendo un patrón de su historia, el siniestro personaje se dedicó a perseguir encarnizadamente a ese sector de personas marginadas, incluso enfrentando fallos judiciales adversos.”
La exaltada y apoyada política contra el crimen del señor Guilliani se puede resumir de la siguiente manera: “Perseguir a los desposeídos, agredir a quienes tienen hambre y carecen de techo. En manos de Giuliani, esa idea se convirtió en la «cero tolerancia», estrategia que según algunos condujo a una drástica reducción del crimen en nueva York, mientras que para otros esa disminución fue un efecto previsible de las condiciones económicas.”
El autor es director legal de la firmas de abogados inteligencia penal.
