SANTO DOMINGO. El revuelo causado por un raso de la Policía Nacional, denunciando a través de las redes sociales las dificultades, penurias y el bajo salario de sus compañeros de uniforme, tiende a dimensionarse aun más, cuando hoy su caso llegue hasta el Tribunal Superior Administrativo (TSA), instancia que decidirá sobre la legalidad o no de su cancelación como miembro de la institución del orden.
Un grupo de abogados de la sociedad civil, evidentemente indignados por lo que consideran una arbitraria cancelación contra el raso Darwin Muñoz, se han apoderado del caso, y este miércoles, elevarán un recurso de amparo por ante el TSA.
Los mismos juristas que depositarán la referida instancia, actuarán en estrados como abogados defensores del raso, que ha cobrado notoriedad pública tras asumir con valentía los riegos de una denuncia que ha zarandeado instancias del Estado.
El vídeo de Muñoz, quien es además periodista, fue viral en las redes sociales y rápidamente consiguió la atención de todo el país, siendo tema de primera plana en periódicos y demás medios de comunicación electrónicos.
La reacción inicial de la jefatura de la Policía Nacional fue estratégicamente “moderada”, pero una semana después, cuando creía que el tema salía del debate público, la institución del orden decidió la cancelación del raso.
Su despido, aunque muchos lo veían venir, causó la repulsa y el rechazo de amplios sectores de la sociedad dominicana, que lo considera un atropello.
Qué es el TSA
Es un órgano jurisdiccional de carácter nacional, competente para conocer y decir, en primera y última instancia, cuestiones relativas al cumplimiento, caducidad, rescisión, interpretación y efectos de los contratos administrativos (cesiones y contratos de servicios públicos o de construcción de obras) celebrados por el Estado.
En sus competencias está conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter.
Asimismo, decidir sobre los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares (donde cae el caso Darwin Muñoz).
