SANTO DOMINGO. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) advirtió que se mantiene vigilante y que conduce investigaciones y operativos que pudieran llevar a cierre y pérdida de contratos de agentes distribuidores, así como sanciones a las telefónicas que representan por incurrir en la activación de líneas sin la verificación y registro correspondiente de la identidad del solicitante.
En tanto, las prestadoras desactivaron 2.1 millones de líneas, debido a que no pudieron comprobar las identidades de sus titulares.
En un comunicado de prensa, el Indotel señaló que el proceso de la titularidad de las cuentas de teléfonos móviles prepago ordenado por la resolución número 39-13 del consejo directivo del Indotel, “concluyó resultando en 72% de líneas validadas y un 28% de líneas suspendidas por no poder comprobar la identidad del titular de la línea, lo que implicó que más de 2.1 millones de líneas fueron desactivadas”.
Explicó que con posterioridad a la aplicación de dicha resolución, “el Indotel se ha mantenido vigilante, conduce investigaciones y operativos pertinentes para, en coordinación con otras instancias del Estado, detectar que la normativa de validar la identidad al momento de activar nuevas líneas telefónicas es respetada por las concesionarias y sus agentes”.
“Aquellos agentes que incurran en estas prácticas pudieran perder sus contratos de distribuidores, ser objeto de cierre, así como medidas sobre las telefónicas que representan”, precisa el comunicado.
Indotel destacó que “actuará dentro de sus facultades legales conforme los resultados de las investigaciones que lleva para tomar las medidas correctivas y sanciones que pudieran corresponder”.
Sostuvo que “la activación de líneas telefónicas sin la correcta identificación del titular es prohibida por el reglamento general de servicio telefónico, lo que puede implicar la cancelación de la línea”.
Agregó que, además, “estas activaciones pueden implicar robo de identidad”, lo cual indica, se trata de un delito que no persigue el Indotel.
Indicó que con esta práctica también se incurre en la adulteración del número de serie de los celulares, un delito contra la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que aunque no está en la jurisdicción legal del órgano regulador, esta institución realiza un importante trabajo conjunto con otros organismos del Estado en su persecución.
