Los jueces españoles que están desarrollando un papel clave en esta fase crítica del proceso independentista en Cataluña, con ataques y presiones cada vez más evidentes, no están solos. Colegas agrupados en las principales asociaciones internacionales han expresado en los últimos días en comunicados oficiales su respaldo a su actuación y su condena por ese tipo de coacciones incompatibles con un Estado democrático. El pronunciamiento más relevante y contundente lo expresó la Unión Internacional de Magistrados (UIM), profesional y apolítica, fundada en 1953 y en la que están representadas asociaciones de jueces de 73 países en cinco continentes. El comunicado de la UIM empieza por destacar que su comité presidencial fue informado de los «actos de vandalismo y violencia perpetrados en diferentes tribunales de la región de Cataluña y también cerca de la casa de un magistrado del Tribunal Supremo» y recuerda que el pilar esencial de la independencia judicial en un Estado de derecho debe poder desempeñarse «sin presiones indebidas o sin cualquier coacción o amenaza, explícita o implícita».
La Unión Internacional de Magistrados asume que la libertad de expresión es también fundamental en los sistemas democráticos pero «no puede utilizarse, de ninguna forma o medio, para la intimidación personal de los jueces». La asociación no quiere entrar en el debate político interno sobre Cataluña pero sí «condena pública e inequívocamente estos ataques contra la judicatura española» y expresa «su solidaridad a los jueces españoles, notablemente a aquellos que trabajan en Cataluña». En su pronunciamiento, la UIM apela a las autoridades españolas «para que garanticen una total protección a los jueces afectados, en particular al que fue directamente atacado [en alusión al juez del Supremo Pablo Llarena que sufrió pintadas amenazantes cerca de su casa de un pueblo de Girona] y a todas sus familias».
La Federación Latinoamericana de Magistrados, fundada en Chile en 1977 y en la que están colectivos de 12 naciones, se adhiere a esas ideas y expresa su preocupación «por los actos de violencia y vandalismo practicados contra diferentes tribunales de Cataluña» y específicamente en el domicilio del juez Llarena. También rechazan y repudian «cualquier acto violento y vandálico que se ejerza como una especie de venganza hacia la magistratura catalana por su actuación estrictamente jurisdiccional frente al intento separatista de las autoridades de la Generalitat».
La Asociación Sindical de Jueces Portugueses expresa su solidaridad con los jueces españoles y catalanes, repudia las presiones y recuerda que están aplicando de forma objetiva e imparcial la Constitución y las leyes.
