Según la Constitución Dominicana, en el artículo 255 la Policía Nacional, es un cuerpo civil armado, establecido para la protección ciudadana y su seguridad, pero esto sólo está en el papel constitucional, porque en la práctica en cierto modo se ha distorsionado esa función.
De manera general se puede decir, que en la Policía Nacional existen agentes de diferentes rangos que son buenas personas, pero también hay que establecer, que allí convergen otros seres humanos que no son tan buenos, y no es para menos, porque una persona que realice una función tan importante y reciba como remuneración de su trabajo, peligro, sólo por la suma de por $125 dólares norteamericanos mensuales, no podrá nunca realizar un servicio adecuado. Esta es la causa principal del auge de la delincuencia, ya que hay mucho dinero en diferentes manos, obtenido de manera deshonrosa y sin control estatal y muy poco en las manos de aquellos que son obligados a someterse a un régimen disciplinario de mando, de trabajo forzado, y de escrutinio social, por esta razón una gran parte de los agentes cambian el curso de su bondad social, utilizando su función, su rango y su autoridad conferida por la designación, para cometer hechos delictivos, abusar del poder contra los particulares, humillar a los generadores de la constitución, que son los ciudadanos e involucrase en hechos sumamente cuestionados, tanto en el aspecto moral como legal.
La reforma policial no soporta más tiempo, pues a diario llegan quejas y denuncias a las oficinas de respuestaprocesal.com.do, del mal comportamiento de muchos agentes Policiales. Ciudadanos denuncian, que una corriente dentro de la Policía Nacional, se dedica a extorsionar y a ponerles elementos de pruebas y otros tipos de sustancias y experticias incriminatorias a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, constituyendo un viacrucis el llanto de los familiares de esas víctimas policiales, quejándose de lo que denominan fabricación de expedientes en contra de sus relacionados, y esto no puede seguir así. Existen también en esa institución personas despiadadas, sin límites de la razón que involucran de manera intencional y en complicidad con diferentes personas y a los que son implicados.
Las quejas en su gran mayoría llegan de las compañías policiales centrales, del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, muy especialmente de los municipios los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica entre otras, lo peor de todo, es que esas quejas llegan acompañada de una más grave, pues los denunciantes establecen que ese accionar de esos policías cuenta con la complicidad de acción u omisión de algunos de los miembros del Ministerio Público y eso si es serio y grave y amerita una investigación urgente por parte de la Procuraduría General de la República y la Jefatura Policial.
También hay coroneles y tenientes dentro de la policía, cuyo negocio personal lo constituye quitarles los motores a las personas, los vehículos, sin otorgarles ni un sólo papel que acredite dicha incautación y cuando estos van a retirarlos, o no están, o tienen que pagar una suma superior a los RD$1,000 pesos, por un motor o miles de pesos por un vehículo, de lo contrario, si no lo dan o se quejan, en complicidad con algunos miembros del Ministerio Público los involucran en los casos o a sus familiares.
Ni el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, ni el jefe de la policía, Mayor General, Nelson Peguero Paredes, pueden irse de sus cargos hasta que no unifiquen esfuerzos para desmantelar esas bandas, esas mafias y esa asociación de malhechores que residen en esa institución policial, refrendada por las fiscalías, porque ya la población está cansada de que se violenten en su contra los derechos constitucionales, y las personas desean vivir en un Estado Social y Democrático de derecho, en el que ya no viven, luego de la reforma del código procesal penal realizado por la Ley 10-15.
Es cierto que la maldad se ha multiplicado, que el crimen y el delito es abundante, pero esto no es óbice para que un grupo de agentes se dediquen a ponerle drogas, armas, muertos, heridos, pruebas balísticas o de absorción atómica, o cualquier otra indirgacion a un ciudadano que no esté involucrado en esos hechos, pues lo contrario sería, dejar claro que vivimos en una selva procesal de abuso de derecho de manera continua y permanente.
Respuestaprocesal.com.do, entiende y no puede esconder, que en la Republica Dominicana los derechos y garantías fundamentales se han degradado como en épocas nunca vistas, y que los tribunales de garantía no funcionan, ya que se han convertido en instrumentos de ratificación de maldades, actas, expedientes fabricados por algunos policía y miembros del Ministerio Publico y esos jueces no garantizan nada, solo algunos hacen la excepción y actúan de manera correcta, pero la mayoría del sistema son como en algún momento denunció zafaroni, ¨Jueces-Policías¨, que sólo protegen su función, obviando la legalidad, sin reprensión ninguna contra los miembros del Ministerio Público y la Policía, que violentan de manera permanente la Ley y ponen en peligro la verdadera seguridad y libre tránsito de las personas.
La situación es sombría, caótica, oscura, asquerosa, y da mucha lástima, que a eso se le denomine Justicia, es un barril sin fondo, es el lustre del infierno que espuma su propia vergüenza, son fieras ondas del mar, que son arrastrados por su propia vergüenza, que como los leviatanes amenazan a su presa, que por mala suerte, es siempre el Pueblo Dominicano, que ya está ciego, sordo, mudo y harto de que lo humillen.
