La Procuraduría General de la República acusó al extitular de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, de haber manejado las transacciones ilícitas del soborno transnacional de US$3.5 millones otorgado por los ejecutivos de la empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer), para la compra de ocho aviones Super Tucano y ser la persona que dominó todo lo concerniente al proceso de compraventa realizada en el 2007.
En la acusación, presentada el martes de la semana pasada, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, se establece que Peña Antonio se valió y asistió de su socio y subalterno, coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, a quien señala como la persona que dio la cara en las negociaciones ilícitas y coordinó todo lo relativo a la percepción y entrega del dinero para el soborno.
Los investigadores determinaron, según la acusación del ministerio público, que en la época cuando Peña Antonio ocupó altos cargos militares de administración, registró un enriquecimiento patrimonial permanente, ascendente e injustificado, entre los años 2006 al 2012. Subraya que conforme a la declaración jurada hecha el 15 de septiembre de 2008, su mayor salario ascendía a RD$75,101 mensuales como secretario de las Fuerzas Armadas, cuya suma representaba RD$1,952,626 en los dos años que permaneció en el cargo.
Expone que un análisis de los productos financieros del imputado, y de su esposa, en base a informaciones de la Superintendencia de Bancos, reveló que entre el 1 de enero de 2008 hasta diciembre de 2016, Peña Antonio movilizó cerca de RD$171,630,922.25 y US$283,780.03. Indica que a su paso por la administración pública incrementó su patrimonio palpable, exorbitante y, sobre todo, injustificablemente, adquiriendo 13 inmuebles millonarios para sí y familiares, por valor de RD$50 millones.
