SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, participó en un encuentro del programa PAcCto 2.0, realizado en la República de Panamá, el cual procura fortalecer la lucha contra el crimen organizado en América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Durante el cónclave para el lanzamiento del programa en dicha nación, las autoridades participantes abordaron el seguimiento a temas como la criminalidad organizada transnacional y los sistemas penitenciarios, inherentes a las funciones de la Procuraduría General República, así como también sobre cooperación jurídica internacional, en la que este órgano juega un papel preponderante.
El programa PAcCto 2.0, financiado por la Unión Europea (UE), tiene como propósito ofrecer asistencia de forma técnica a 18 países de Latinoamérica en la lucha contra el crimen organizado.
La procuradora Germán Brito estuvo acompañada del procurador adjunto Andrés Chalas Velázquez en el evento, que también contó con la participación de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y de la Cumbre Judicial Iberoamericana; Enrique Gil, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib); Eduardo Casal, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp); Catarina Sarmento, ministra de justicia de Portugal; David Vilas, director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España; José de la Mata, presidente del BoRP de Eurojust de la Unión Europea, y Javier Samper, presidente del programa El PacCTO 2.0, entre otros.
Al término de la reunión de trabajo, realizada los días 11, 12 y 13 de marzo de 2024 en la República de Panamá, las autoridades emitieron un documento con las conclusiones del debate de alto nivel sobre los objetivos del Ciclo Político compartido de Justicia Penal entre la UE y América Latina, lanzado por El PAcCTO 2.0 en junio de 2022.
El documento resalta “agradecer a El PAcCTO 2.0, las entidades del consorcio que lo integran, así como a las autoridades panameñas la oportunidad de organizar este evento, subrayando la importancia de reforzar la cooperación entre los países Latinoamericanos y el resto de los países europeos a fin de mejorar la investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con la criminalidad organizada, como amenaza que solo puede ser abordada con un enfoque transregional”.
Además, destaca que la operatividad de las distintas herramientas de cooperación disponibles y la agilización de la comunicación directa entre las autoridades competentes debe realizarse con respeto al marco legal existente, resaltando la necesidad de fomentar la constitución de equipos conjuntos de investigación (ECIs), como mecanismo moderno de investigación transfronterizo, que permite el trabajo en equipo multidisciplinar con la flexibilidad necesarias para la obtención de pruebas a nivel transfronterizo y biregional. Para ello, resalta que, desde las redes de cooperación jurídica internacional como IberRed y las redes especializadas de la Aiamp (en particular la RedCOOP), se debe prestar apoyo y asistencia para la facilitar su constitución y su funcionamiento.
Igualmente, sostiene que El PAcCTO 2.0 es una oportunidad única para impulsar la creación de estructuras nacionales de coordinación que faciliten dentro de los Estados miembros y los países Latinoamericanos la adecuada utilización de los instrumentos legales y promover las reformas legales domésticas adecuadas para lograr la mejor cooperación jurídica internacional posible.
“La necesidad de recabar información y prueba electrónica de los proveedores de servicios de internet, donde quieran que estén radicados, afecta a un elevado porcentaje de prueba a utilizar en las investigaciones penales, incluso respecto de delitos no cometidos a través de medios informáticos. Ello demanda nuevos instrumentos normativos (como la Convención Modelo de Naciones Unidas, actualmente en negociación), que permita a nivel global obtener esa información electrónica tan necesaria para la lucha contra el crimen organizado”, indican las autoridades en sus conclusiones.
Por igual, señalan que el proceso de transición digital de la cooperación judicial en materia penal ya está en marcha y no tiene marcha atrás. Refieren que, su ineludible culminación, sin dudas, supondrá un salto cualitativo en términos de mayor eficiencia y resiliencia. Además, indican que la comunicación por defecto entre autoridades nacionales por medio de un sistema digital descentralizado, seguro y fiable, es el objetivo principal de la digitalización de la justicia.
“Dentro de la categoría delictiva de delitos medioambientales se incluyen los delitos muy diversos como el tráfico ilegal de especies protegidas, fauna y flora silvestres, la tala y la pesca ilegales, la caza furtiva, o la destrucción de ecosistemas o hábitats naturales, entre otros. En los últimos años el crecimiento del desarrollo industrial ha convertido la protección del medio ambiente en una preocupación creciente, frente al tratamiento de residuos, los vertidos y la contaminación”, especifican.
De igual manera, las autoridades concluyeron manifestando que es necesario aproximar los tipos penales, estableciendo denominadores comunes y umbrales punitivos uniformes, así como fomentar la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos.
“Priorizar las investigaciones financieras de manera simultánea y paralela a la criminal desde el inicio de esta, permite llegar oportunamente al producto del delito antes de que se haya conseguido ocultar. Trasladar este enfoque a los activos localizados en el extranjero a través de la utilización de instrumentos de cooperación judicial internacional es una buena práctica esencial dentro del concepto dinámico del ciclo de la recuperación de activos”, establecieron, entre otros temas, las autoridades, en sus conclusiones, que contienen siete puntos.
