SANTO DOMINGO. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, denunció por ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
En una instancia de 15 páginas en la que pone como asunto informe de inicio de investigación penal pública, jueces y ex jueces del Poder Judicial por hechos de presunta prevaricación, Domínguez Brito incluye en la alegada estructura a los magistrados Awilda Reyes Beltré, José Duvergé Mejía, Delio Germán Figueroa, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón. Sostiene que Arias Valera es mencionado como la persona que supuestamente contactó e influyó, a cambio de alegadas altas sumas de dinero, para que la jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, emitiera varias decisiones, entre ellas la sentencia de hábeas corpus NO.151-2015, mediante la cual ordena la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney).
Indica que por ese caso también se investiga a un ex juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata, sobre cuya identidad no ofrece mayores detalles.
Indica que la jueza Reyes Beltré desconoció que existen múltiples decisiones de diversos grados, sustentadas en hechos y derechos, en contra del regidor, que está siendo investigado por supuestamente dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos, secuestros, extorsión y asesinatos.
Plantea que en el conocimiento y fallo de varios casos, los jueces han incurrido en graves irregularidades e incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones, concernientes al supuesto uso de su investidura para hacer riquezas ilícitas, teniendo como fuente generadora de diversas conductas contrarias a las normas jurídicas y sociales.
La Procuraduría atribuye a Reyes dar garantías económicas en un caso de 40.12 kilogramos de cocaína, ordenar devolver un avión del fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, y US$20 millones a favor de Prado Universal Corp., propiedad del español Arturo del Tiempo.
