SANTO DOMINGO. Desde el mes de enero del año pasado el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) había notificado a la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, de que diferentes productos que fueron fabricados especialmente para esa institución que brinda asistencia social, se estaban vendiendo en supermercados del país.
En una comunicación de fecha 20 de enero de 2017, ProConsumidor le explica a la funcionaria sobre la incautación de 223 fundas de harina empacadas en fundas de 14 onzas que se estaban vendiendo en góndolas de supermercados, a pesar de que en el dorso tenían leyenda del Plan Social de la Presidencia y “Prohibida su venta”.
Meses después, en agosto del 2017, la empresa Lácteos Dominicanos (Ladom) también le comunicó al Plan Social que unos 13,750 fardos de avena se estaban comercializando en establecimientos, a pesar de que ese producto era exclusivo. y que tenía la etiqueta de “prohibida su venta”.
Diario Libre le preguntó a Iris Guaba sobre estas denuncias, y la funcionaria respondió que fue a raíz de dichas alertas que la institución que preside activó sus organismos de vigilancias, y comenzaron a investigar. Precisó que visitaron un supermercado en el que estaban vendiendo harina que en el dorso tenía la leyenda del Plan Social y decía “prohibida su venta”, pero que los propietarios del establecimiento explicaron que decidieron comprar el producto a un suplidor que había participado en una licitación que hizo el Plan Social, pero que no resultó ganador de dicha licitación.
Guaba dijo que luego de esto, el supermercado retiró la harina de góndolas.
Iris Guaba expresó que después de meses de investigaciones en los que fueron interrogados más de 20 empleados del Plan Social y se realizaron varios allanamientos, en el mes de septiembre lograron dar con los responsables de la estructura mafiosa.
Los imputados son Gabriel Méndez Fernández, quien era encargado departamental del Plan Social y la encargada del Departamento de Fundaciones, Xhemyramiz Desieree Jiménez Urbaez, a los que ayer la Oficina de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo les impuso una garantía económica de RD$60 mil en efectivo, de manera individual.
Mientras que al ex empleado de esa institución, Rafael Cuevas alias “Fucho”, y los comerciantes detallistas Luis Montilla Patricio y Franklin Pérez les impusieron RD$5 mil y presentación periódica.
Según asegura Iris Guaba, directora del Plan Social de la Presidencia de la República, “las investigaciones no han concluido. El Ministerio Público determinará si hay más involucrados en esos fraudes”.
