Prisión preventiva para sacerdote acusado de abuso sexual a varios menores

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Santo Domingo. La Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega dictó este jueves tres meses de prisión preventiva contra el sacerdote Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa, fraile de la Orden de San Agustín, quien está vinculado a los delitos de agresión sexual, física y psicológica en perjuicio de varios menores de edad en esa provincia.

 

La medida cautelar contra el sacerdote fue ordenara luego de que el Ministerio Público lograra que se revocara una resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, mediante la cual le había impuesto solo presentación periódica, como medida de coerción.

La orden deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, de La Vega, hasta tanto el ministerio público culmine con la investigación que desde hace unos meses lleva a cabo en contra del imputado.

El tribunal adoptó la decisión luego que acogiera un recurso de apelación del Ministerio Público para la revocación de la resolución No. 3620/2017, emitida por el juez interino Lorenzo Antonio Vargas Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, mediante la cual le había impuesto solo presentación periódica, como medida de coerción, y como medida de seguridad orden de protección y alejamiento a favor de las víctimas.

En la audiencia realizada en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega estuvo presente la víctima directa de este hecho, quien durante la audiencia pudo ofrecer sus declaraciones.

Conforme se ha podido establecer durante las pesquisas, los hechos se habrían cometido en un centro escolar de la zona, durante excursiones escolares, visitas a diferentes lugares del país y durante un viaje al exterior.

El Ministerio Público informó que avanzan en las investigaciones y que hasta el momento en el transcurso de las mismas ha podido identificar a otros menores que habrían sido víctimas de la acción delictiva.

En ese sentido, dijo que trabaja en la recolección de las evidencias que les permitan el envío a juicio de fondo del imputado y lograr que contra éste sea impuesta una sanción acorde a los graves delitos cometidos.