La fiscal general Thelma Aldana informó en rueda de prensa que tras el fallo legislativo solicitó el arraigo, el cual fue concedido por un juez.
Horas antes el Congreso había retiró la inmunidad al presidente y abrió la posibilidad de que se le procese por sus presuntos vínculos con el fraude que ya llevó a su vicepresidenta Roxana Baldetti a la cárcel y que ha sumido al país en una crisis política sin precedente en la historia reciente.
“Guatemala está dando muestras de que nadie es superior de la ley y en consecuencia es un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros de que nuestra actuación debe sujetarse a la Constitución”, señaló la fiscal.
El vocero presidencial, Jorge Ortega, había dicho poco antes que el mandatario respetaba el fallo del Congreso y que enfrentará la justicia. “El presidente está consciente del nuevo escenario, que no era el más deseado pero era muy probable”, dijo el portavoz.
Con una votación unánime a favor de 132 legisladores presentes, el pleno del Congreso tomó la histórica decisión de quitar la inmunidad a Pérez Molina, quien ha rechazado haber sido parte del fraude.
El retiro de la inmunidad no remueve a Pérez Molina de la presidencia, pero permite que se le procese como a cualquier otro ciudadano y que un juez eventualmente pueda solicitar su detención.
El Congreso necesitaba 105 votos de los 158 diputados al Congreso. “El partido nos dio línea para votar y retirarle la inmunidad al presidente. El que nada debe, nada teme”, dijo a la AP el diputado oficialista Luis Fernández Chenal.
Adriana Beltrán, analista sobre Guatemala de la organización Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), calificó la determinación legislativa como un “extraordinario” mensaje para quienes han reclamado por cambios políticos y judiciales.
