Dos expertos resaltaron los importantes cambios generados en el marco jurídico del país por la Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas.
En sendas conferencias auspiciadas por el Banco de Reservas, los juristas Ricardo Rojas León y Raymundo Haché analizaron las implicaciones, sanciones y regulaciones que introducen las nuevas regulaciones.
Rojas León, uno de los autores de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, explicó que esta ley, además de fundamentarse en las recomendaciones del GAFI, se acoge al estándar para la transparencia e intercambio de información con fines globales.
Afirmó que esa ley, promulgada recientemente por el presidente Danilo Medina, “ha modificado en forma sustancial el régimen de prevención y de persecución penal del blanqueo de capitales en la República Dominicana”.
Subrayó que esta ley llega en una coyuntura importante para la República Dominicana, porque el país está siendo evaluado por el organismo regional al que está afiliado, que vela por el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, cuyo equipo evaluador debe arribar al país en octubre próximo.
“A diferencia de lo que acontecía hace una década, cuando fuimos evaluados por el GAFI, ahora la evaluación no solamente se limita a constatar que la República Dominicana tiene una normativa de prevención, persecución y de sanción contra el lavado de activos, sino a comprobar qué tan eficaces hemos sido con la aplicación de la normativa que tenemos”, dijo.
Prevención del riesgo. Rojas León destacó que la nueva ley presta especial atención al enfoque basado en riesgo, que deben implementar las entidades obligadas en la identificación, medición, monitoreo y mitigación del riesgo de prevención.
Ley de Quiebra. El especialista en derecho comercial Raymundo Haché explicó que la Ley 141-15, sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciales, es una ley necesaria en nuestro país, que contrario a perjudicar a los acreedores, los beneficia.
Añadió que esta ley, que entró en vigencia en febrero y que rige el sistema de quiebra en el país, persigue “salvar una empresa y salvaguardar el crédito”.
Haché agregó que “hay una serie de empresas, de bancos de instituciones financieras que otorgan créditos a negocios y empresas, lo que se busca es proteger ese crédito; suspender una obligación de pagos, pero para que esa obligación se logre pagar posteriormente”.
Detalló que la ley establece el procedimiento para liquidar una empresa, el cual se aplica cuando esta carece de suficientes activos para pagar sus pasivos.
Citó las condiciones que se toman en cuenta, en caso de que deba ser reestructurada.
