SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer el caso de cinco de los procesados por los sobornos que admitió Odebrecht haber pagado para la adjudicación de obras.
En ese sentido, los acusados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez y Andrés Bautista fueron enviados a un tribunal de primer grado.
Mientras tanto que en su condición de legislador Tommy Galán será juzgado por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Asimismo el Pleno acogió el incidente sobre control de convencionalidad que es el derecho que tienen las defensas a recurrir en apelación.
El Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la decisión y aseguró que ésta marca un mal precedente para la lucha contra la corrupción.
De su lado, los abogados de las distintas defensas se mostraron satisfechos con el fallo.
La sentencia tuvo el voto disidente de los jueces Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto de presidente, Francisco Jerez Mena, Frank Soto Sánchez y Vanesa Acosta, presidente y miembros de la Sala Penal, respectivamente.
El 28 de enero del próximo año 2020 se notificará y leerá sentencia íntegra.
Los seis imputados enviados a juicio de fondo por el caso de sobornos de la constructora brasileña son: el empresario Ángel Rondón Rijo, Víctor J. Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Roberto Rodríguez, exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA); Tommy Alberto Galán, senador por la Provincia San Cristóbal, Conrado Enrique Pittaluga, abogado y notario y Porfirio Bautista García, exsenador por la Provincia Espaillat.
El grupo está acusado de recibir los 92 millones de dólares que Odebrecht reveló haber pagado en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse la adjudicación de millonarias obras de infraestructuras públicas.
El juicio empezó en septiembre pasado, pero desde entonces el tribunal solo ha analizado los alegatos que ha presentado la defensa de los imputados cuestionando diferentes aspectos de procedimiento, la mayoría de los cuales fueron rechazados por la SCJ.
Sin embargo, entre las más recientes peticiones de los acusados estaba, precisamente, el reclamo de que no deberían ser juzgados por la Suprema Corte porque en caso de ser condenados no tendrían cómo apelar.
Solo el exsenador Rodríguez expresó su deseo de que su caso continuara ventilándose en la Suprema Corte, lo que fue rechazado por la sentencia emitida hoy por ese organismo.
Fue a mediados de 2017 cuando el Ministerio Público dominicano acusó a 14 funcionarios, empresarios, exfuncionarios, legisladores y exlegisladores de presuntamente recibir los 92 millones de dólares en sobornos.
En esa oportunidad, la Suprema designó un juez de instrucción que encontró indicios para enviarlos a juicio, pero la Sala Penal de la SCJ no consideró válidas varias de las acusaciones y luego el Ministerio Público sacó del expediente a siete de los acusados.
El juicio volvió a la instrucción de la Suprema Corte, donde el expresidente del Senado Jesús Vásquez Martínez fue liberado de las acusaciones.
La Procuraduría General dice contar con 1,711 pruebas para sustentar esta acusación de 518 páginas contra siete acusados por el caso Odebrecht.
El juicio que comenzó 14 imputados, entre ellos funcionarios, empresarios, abogados y legisladores oficialistas, a medida que pasó el tiempo ocho fueron descartados por falta de pruebas en su contra, quedando así siete imputados, con la inclusión del exlegislador Jesús Vásquez, que luego quedó fuera de acto de apertura a juicio. Ahora son seis los que van al banquillo de los acusados.
