CIUDAD DEL VATICANO. El fiscal del Vaticano pidió tres años y un mes de prisión para el sacerdote español Lucio Vallejo por divulgar material clasificado de índole económica de la Santa Sede en el caso conocido como “Vatileaks2”
El promotor de justicia (fiscal) Gian Piero Milano solicitó esta condena ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano después de considerar al monseñor como “personaje principal y motor principal” de un plan destinado a divulgar material reservado vaticano.
La defensa del monseñor español pronunciará hoy su alegato final y la sentencia se espera para el próximo miércoles, cuando previsiblemente se concluirá un proceso que arrancó el pasado 24 de noviembre.
Vallejo, a quien pudo verse aparentemente sosegado e incluso saludando a algunos de los presentes en la sala, afronta esta posible condena cuando ya ha pasado nueve meses bajo medidas cautelares y actualmente se encuentra en estado de semilibertad.
Se le acusa de revelar información relativa a la comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la que era secretario y en la que al parecer conformó un “grupo en la sombra” junto a otra imputada, Francesca Chaouqui.
Para esta ex miembro del COSEA, que acaba de ser madre, el fiscal solicitó la mayor condena del proceso: tres años y nueve meses de prisión al considerarla “inspiradora y verdadero motor” de un esquema operativo dirigido a divulgar información.
Chaouqui acudió con su hijo recién nacido en un carrito, si bien este permaneció en una sala adyacente al tribunal, y salió en varias ocasiones.
Al término de la vista, la décimo octava, y rodeada de los periodistas que acudieron a la misma mostró su incredulidad ante la petición del fiscal, que tildó de “surrealista”.
El fiscal además destacó el “censurable comportamiento durante el proceso” de la imputada y el rol eclesiástico de Vallejo.
Por otro lado, el procurador reclamó una condena de un año y nueve meses para el secretario Nicola Maio, excolaborador de Vallejo y de quien dijo que simplemente prestaba “apoyo ejecutivo”.
Estas tres personas están imputadas por dos delitos: pertenencia a asociación para delinquir y divulgación de material clasificado, unos cargos que pueden acarrear penas de hasta ocho años de cárcel de acuerdo a la legislación vigente en la Santa Sede.
En el proceso también permanecen imputados los periodistas Gian Luigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, acusados únicamente del delito de revelación de secretos, al publicar en sendos libros el mencionado material proporcionado supuestamente por los otros acusados.
El fiscal pidió un año de prisión para Nuzzi mientras que en el caso de Fittipaldi optó por reclamar su absolución por “falta de pruebas”.
En su caso, el fiscal hizo una distinción: de Nuzzi destacó su “complicidad moral” ya que mantuvo varios encuentros y numerosas comunicaciones con Vallejo para recibir esta información, mientras que Fittipaldi se limitó a recibir los documentos en cuestión.
En resumidas cuentas, el Vaticano no aspira a condenar a quien publica una información, sino que considera punible que un periodista “active o refuerce el propósito criminal” al ofrecer su disponibilidad ante un tercero que cumple el delito, sirviendo de “apoyo psicológico”.
Nuzzi dijo en Twitter que el fiscal vaticano aspira a separar las causas de los dos periodistas pero que “la libertad de prensa continúa siendo una sola”, al tiempo que Fittipaldi calificó esta requisitoria de “locura”.
Por otro lado, el fiscal ilustró que, de acuerdo a la investigación y a la declaración aportada por diferentes testigos, Vallejo Balda y Chaouqui “forjaron una alianza para adquirir poder” de forma paralela al COSEA y a espaldas de las autoridades.
Lo hicieron incluso traicionando la confianza del papa Francisco, quien encargó la institución de esta comisión con el fin de arrojar luz en las cuentas vaticanas.
Situó el origen de su presunta colaboración en junio de 2013, poco antes de la institución del COSEA, y en base a la información y las comunicaciones recabadas, ya por entonces se percibía según el fiscal “una sensibilidad a realizar una actividad conjunta”.
Señaló que Vallejo y Chaouqui ejecutaron una fase de recopilación de documentación durante el funcionamiento del COSEA y, tras su extinción y al no alcanzar los puestos que deseaban en el Vaticano, entraron en contacto con los periodistas para divulgar los secretos.
