La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, advirtió cómo los retrasos en los procesos judiciales en Guatemala pueden privar a las personas del derecho a la justicia.
La vocera hacía referencia al proceso contra el exdirector de la inteligencia guatemalteca José Mauricio Rodríguez, acusado de genocidios contra el pueblo indígena Ixil y de crímenes de lesa humanidad.
También recordó que debido a la avanzada edad de las víctimas y acusados urge desarrollar cuanto antes los juicios pendientes.
Hace solo unos días falleció a los 91 años -sin que hubiese concluido el proceso en su contra- el general retirado Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013, aunque más tarde se anuló la sentencia debido a cuestiones de procedimiento.
‘Pasaron cuatro años hasta que se reanudó el juicio y Ríos Montt falleció sin que hubiera terminado’.
De acuerdo con Throssell, los retrasos en la justicia pueden suponer una violación de la obligación que tienen los Estados de investigar y juzgar crímenes graves en virtud del derecho internacional.
Ahora, el juicio contra Rodríguez debería reanudarse, reiteró.
Instamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar que realicen sin demora los procesos pendientes contra quienes cometieron violaciones y crímenes de lesa humanidad durante los más de 30 años de conflictos internos y dictadura en el país, subrayó.
Además, dijo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pide que se promulgue un marco legal dirigido a prevenir y castigar eficazmente el uso malicioso de los mandamientos judiciales y otras tácticas dilatorias empleadas por los acusados.
‘La muerte de Ríos Montt no debe impedir que las autoridades cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos a la verdad y la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.’
A pesar de los esfuerzos valientes de las víctimas y la sociedad civil guatemalteca, hasta la fecha muy pocos de los procesamientos por violaciones graves de derechos humanos -especialmente de altos funcionarios- han dado lugar a condenas, recalcó la vocera.
Por ello, llamó a Guatemala a garantizar la protección de las autoridades judiciales independientes y a otras partes involucradas en el enjuiciamiento de los casos, dadas las continuas amenazas que se les hacen.
‘Es importante que el nuevo Fiscal General que se elegirá el próximo mes demuestre un fuerte compromiso para continuar la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado.’
