La Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (Pepca) está investigando el pago irregular de más de 12 mil millones de pesos entre febrero y julio del 2020, que se habría efectuado en un entramado de corrupción encabezada por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
La red involucró otras instituciones del Estado, como la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Catastro Nacional, la Tesorería Nacional, la Contraloría General de la República y la Jurisdicción Inmobiliaria.
Según datos revelados por la periodista Julissa Céspedes en su programa “Reporte Especial” que se difunde los domingos por CDN a las 9:00 pm, lo que dio pie a la investigación de las autoridades de la Procuraduría fue un informe realizado por la Unidad Antifraude de la Controlaría General de la República, en la actual gestión de gobierno.
Conforme la investigación, el entramado de corrupción para sustraer bienes públicos se produjo a través de la expropiación de terrenos del Estado.
“La unidad Antifraude establece en el documento que fue a través de tres libramientos realizados entre abril y junio del 2020 que el Estado pagó la suma de 505 millones, 81 mil 440 pesos, dos de estos fueron realizados en una misma semana correspondientes a desembolsos por concepto de expropiación bajo la modalidad de deuda pública soportado en el acuerdo transaccional de fecha 06 de marzo de 2020”, apunta.
Ese convenio está firmado entre Rómulo Mota, Juan Tomás Polanco, Ángel Lockward & Asociados, Rediux Consulting, entre otros y la Dirección General de Bienes Nacionales en la persona del fallecido, Emilio Rivas en representación del Estado Dominicano”, apunta la investigación de la periodista.
Según la investigación, los pagos fueron relativos a una porción de terreno de un millón 655 mil 921 metros cuadrados, ubicada dentro de la Parcela número diez, del distrito catastral 10/1 del municipio de Higüey correspondiente a una parte de los derechos expropiados a los sucesores de Jorge Mota mediante un decreto del 1975, es decir hace 47 años.
El referido acuerdo fue firmado por una parte de los sucesores de Mota, a pesar de que en el referido documento, Bienes Nacionales reconoce que no todos los copropietarios estaban en el acuerdo.
La responsabilidad penal y civil que pudieran surgir sobre los cotitulares del inmueble recae en el Estado. “El informe (de la Contraloría) establece que esto constituye una inobservancia al Principio IV de la Ley 108-05 que establece que todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado”, señala la publicación de Céspedes.
La investigación de la Contraloría presentada por la periodista, establece que en el informe se detallan al menos ocho procesos que se ventilaron en el Tribunal de Tierras de Jurisdicción original de la provincia la Altagracia, lo que desvela que al momento del pago, el inmueble era objeto de múltiples procesos jurisdiccionales que no permitían concretar la firma del suscitado Acuerdo Transaccional por parte de Bienes Nacionales.
“Los investigadores detallan que, llama poderosamente la atención, que los beneficiarios del pago, a sabiendas de que su deuda sería pagada en días subsiguientes, se dispusieron a firmar cesiones de crédito en beneficio de terceros”, puntualiza la investigación.
Sucesores firmaron 4 contratos de créditos
Según los datos presentados por la investigación periodística, los sucesores de Jorge Mota firmaron cuatro contratos de cesión de créditos entre el 6 y el 9 de marzo del 2020. Una fue a Rediux Consulting, representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo por más de 320 millones de pesos; la segunda fue firmada en favor de Alejandro Constanzo por 69 millones de pesos, y una tercera cesión a la empresa Ángel Locward & Asociados, representada por Ángel Locward Mella por más de 19 millones de pesos, y la última a nombre de Pedro María De La Altagracia Veras por 74 millones. El informe de la Contraloría detalla que el valor total del inmueble tiene su origen en el oficio de un avalúo del 9 de marzo del año 2020, firmado por el entonces director del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, mediante el cual se establece un precio de 390 pesos el metro cuadrado, es decir, más de 842 millones de pesos, sin embargo, Catastro informó que no existen documentos técnicos que amparen esa tasación. El documento establece que, al no observarse ningún informe técnico de avalúo el exdirector de Catastro Nacional incurrió en una acción contraria al régimen jurídico vigente y una falta grave en el ejercicio de sus funciones.
