El Partido de los Trabajadores (PT) anunció hoy, tras la aprobación del informe que lleva a un juicio final a la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, que ha denunciado esa decisión ante la OEA como un «golpe de Estado».
La demanda fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha criticado la forma en que se ha desarrollado el proceso de destitución que enfrenta Rousseff, suspendida desde el pasado 12 de mayo y sustituida desde esa fecha por Michel Temer, quien hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia.
La decisión del PT fue anunciada horas después de que el pleno del Senado, en una sesión dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será realizada a fines de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige una medida cautelar que «suspenda» el juicio político contra Rousseff, que califican de «ilegal».
En esa denuncia, dijo Pimenta, se presenta «un conjunto de cuestiones que han sido identificadas en el trámite del proceso tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y hasta la Corte Suprema, que están en desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil».
«Vamos a pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y para que se restablezca en el país la normalidad democrática», apuntó.
El diputado insistió en que Rousseff «no cometió ningún tipo de crimen y no responde a ningún proceso penal», por lo que el juicio en su contra tiene un carácter «exclusivamente político» que va en contra de lo establecido en la Constitución brasileña.
Rousseff ha sido acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Aunque el informe aprobado por el Senado admite que ninguno de esos cargos tipifican un delito penal, sostiene que sí configuran faltas administrativas graves, que según las leyes que controlan el gasto público y los presupuestos pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Según ese documento, esas maniobras provocaron un «descontrol fiscal» que impactó directamente en la severa crisis que sufre la economía de Brasil, que en 2015 se encogió un 3,8 % y que, según todas las previsiones, caerá otro 3 % este año.
El informe añade que el desequilibrio causado por el irregular manejo de los presupuestos «amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB)» y «perjudicó» la calidad de vida de los brasileños.
Asimismo, dice que la emisión de decretos que alteraron el gasto público sin la debida autorización parlamentaria constituyó una «usurpación» de las funciones del Congreso y «violó» los «mecanismos de control» mediante los cuales la sociedad vigila «la gestión del dinero público», que son «condición en una democracia plena».
