Distrito Nacional. Según fuentes de alto crédito de este medio de comunicación, este día 15 del mes de Enero del año 2020, la Fiscalía del Distrito Nacional ordenó abrir una investigación, contra los imputados Jorge Luis García Delgado, Miguel Alberto Surun Hernández y Manuel Emilio Galván Luciano, por los crímenes de violación a los artículos 59, 60, 147, 148, 265, 266 y 258 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 121 y 122 de la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana y el artículo 1 de la Ley 111, de autorización de exequátur.
Según las fuentes, luego de un tiempo ponderando la querella principal, fue Apoderado el Departamento de falsificaciones públicas y privadas de la Fiscalía del Distrito Nacional en la República Dominicana, para conocer los méritos de la querella que previamente fue impuesta por el abogado Lic. Richard Peña García, en nombre y representación del querellante y víctima, que alega fue perjudicado y perseguido por el imputado Jorge Luis García Delgado, quien actuaba como supuesto abogado, en nombre y representación del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), su presidente Miguel Alberto Surun Hernández de Manuel Emilio Galván Luciano, de los Jueces del Tribunal Disciplinario, de la Fiscalía del Colegio y de la Junta Directiva Nacional, es decir, ese falso abogado según la querella representanta casi el pleno completo del Colegio de Abogados.
En una nota de prensa enviada a este medio y según el relato factico de la querella, el imputado Jorge Luis García Delgado, hacia y ejercía, todo tipo de acciones, penales, civiles, administrativas, judiciales, disciplinarias y de otras índoles en representación y complicidad de los demás co-imputados Miguel Alberto Surun Hernández, Manuel Emilio Galván Luciano y nunca nadie le pedía el carnet, pero a los otros abogados si, lo que llamó la atención de los que litigaban con él, y un día decidieron investigar, solicitando certificaciones, tanto en el Colegio de Abogados, como en la Consultoría Jurídica de la Presidencia, donde emiten la autorización para el exequátur ¿y cuál fue el resultado de la investigación ? dos certificaciones que constan como pruebas de la querella, una marcada con el número 0680 de fecha 7 de noviembre del 2019, emitida y firmada por la Consultoría Jurídica de la presidencia, que da cuenta ¨que en este consultoría jurídica no reposa decreto alguno que autorice al señor Jorge Luis García Delgado a ejercer profesión alguna¨ o sea no solo este, no poseía decreto como abogado, sino de ninguna profesión, lo que corrobora con la certificación marcada con el número (CARD-2019), conseguida de manera inadvertida por el CARD, quien por el afán de dinero la emitió sin darse cuenta y que establece ¨que a nombre del señor Jorge Luis García Delgado, no existe registro alguno de que este registrado como abogado del CARD¨, lo que tipifica la usurpación de funciones y títulos, así como la complicidad para quien patrocina, oculte y promueva la práctica del ejercicio de la abogacía sin la debida previsión del exequátur, juramentación y carnet, según lo ordena la Ley 3-19 y una asociación de malhechores formada, y falsedad en escritura privada y pública.
Como ya se ordenó la apertura de la investigación, según las fuentes, es muy alta la posibilidad de que el Ministerio Público, apodere en la próximas horas o días el Juzgado de la Instrucción, para que le imponga a cada uno de los imputados, la Prisión Preventiva, como medida de coerción anticipada por la gravedad de los hechos cometidos por estos, la calidad que ostentaban al momento de fraguar la asociación de malhechores.
Como la querella analizada le fue encontrada mérito, según fuentes de alto crédito, fue notificado el Acto No. 35/2020 de fecha 13 de enero del 2020, del ministerial, Rafael Orlando Castillo, de estrados de la Tercera Sala del Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, mediante el cual apodera a la Comisión de Ética, a la consultoría del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Administración y personal, Procuraduría General de la República, Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnología, entre otras instituciones a los fines de que procedan a suspender en sus funciones al co-imputado Emilio Galván Luciano, en virtud de que según los querellantes, este último es consultor jurídico de la MESCYS.
Con esta ya son más de 10 las querellas, demandas y denuncias interpuestas contra algunos de estos imputados, por diferentes hechos penales, según los denunciantes, por lo que ahora depositarán una copia en la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la embajada de los Estados Unidos y otros organismos internacionales y lo pondrán a conocimiento de FIA.
La noticia mas absurda y disparatada que he visto en mucho pero mucho tiempo
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